Feijóo se endurece con los migrantes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto ayer la puerta a la expulsión de España de personas que viven regularmente en el país en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado. «Debemos de replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro». Lo dijo en una entrevista en Cuatro, en la que ha defendido la expulsión inmediata de las personas que vivan en España en situación irregular cuando delincan.

«Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata; cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada», ha explicado el dirigente popular. En este contexto, ha explicado que él es partidario de replantearse si «determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro» en el caso de los inmigrantes regulares.

Feijóo ha subrayado que en la mayoría de países europeos los inmigrantes «ilegales» que comenten un delitos «tienen que ser expulsados» y ha rechazado tratar este fenómeno tanto desde el «populismo» con el que lo hacen algunos partidos, como desde el «buenismo» y la «falta de política inmigratoria» que atribuye al Gobierno. Tras recordar que el Senado aprobó una ley, que el Congreso no tramita porque el PSOE y Sumar la tienen «bloqueada», para castigar la multirreincidencia, ha insistido en la necesidad de «hacer una reflexión sobre el Código Penal» y modificar las leyes que sean necesarias para «mandar el mensaje» a las personas que llegan a España que podrán «vivir aquí de forma ordenada y regular» si entran «a trabajar con un contrato de trabajo, asumen la Constitución y aceptan los valores y la cultura del país».

A su juicio, España «necesita» inmigrantes, pero deben venir «para trabajar, cumplir las leyes como cumplen los españoles y ser responsables de sus actos». «La inmigración irregular no puede producir derechos, no puede producir garantías, no es una forma de entrar en los programas sociales de España», ha sentenciado.

Según Feijóo, España tiene «el récord de inmigración de Europa» y el año pasado recibió a 64.000 personas de forma irregular. Además, se ha referido a los 6.000 menores migrantes que están «hacinados» en Canarias y ha recriminado al Gobierno que no cumpla la sentencia del Supremo que le obliga a tutelar a los más de mil que han pedido asilo. «Siguen incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo, e intentan mandar a los demás a la comunidades del PP, pero no tocar a las comunidades autónomas de los nacionalistas o independentistas, el País Vasco o Cataluña», dijo.

El CGPJ sitúa en los dos puestos claves del Supremo a los candidatos del sector conservador

Varapalo para los intereses del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial designó a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, número 1 del escalafón, y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ambos magistrados, de carácter independiente y que ya ocupaban esos cargos de forma interina, se hacen así con las riendas de los dos puestos claves de alto tribunal y probablemente de la justicia española. El órgano de gobierno de los jueces ratificó a Martínez y a Lucas tras la retirada de sus contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, que eran las candidatas que con mejores ojos veía el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Las dos magistradas han decido dar un paso al lado para desencallar una situación que se encontraba atascada desde hace nueve meses.

Martínez Arrieta recibió 15 votos del Pleno del órgano de gobierno de los jueces para presidir la Sala Segunda y Lucas, por su parte, obtuvo 16 para la Sala Tercera. Según fuentes presentes este miércoles en el cónclave, la votación no se correspondió "milimétricamente" al reparto de fuerza entre los sectores (conservador y progresista), sino que ha habido trasvase entre ambas facciones, habida cuenta de que el perfil de los candidatos era "asumible" por las diferentes sensibilidades.

Ambos magistrados llegan a la cúspide de ambas salas en un momento trascendental. Los miembros de la Sala de lo Penal son los encargados de dos de los procedimientos más sensibles de la política nacional actual: la parte del 'caso Koldo' que involucra al aforado José Luis Ábalos, además de a Santos Cerdán y a Koldo García; y la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su supuesta participación en las maniobras sobre la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Sala Tercera, por su parte, es el órgano encargado de revisar, entre otras cuestiones, los actos y disposiciones del Consejo de Ministros como, por ejemplo, los nombramientos discrecionales llevados a cabo por el Ejecutivo.

Fue el pasado octubre cuando el CGPJ convocó estas y las otras dos presidencias del TS que estaban vacantes: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses después, en febrero, el Consejo decidió desgajar esas dos plazas para poder avanzar en la política de nombramientos, situando al conservador Ignacio Sancho -candidato único- en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando así a su rival conservador Juan Molins.

Diez a diez Ya en mayo, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, siendo la tercera vez que iba a Pleno y la primera que se votaba -con un resultado de diez a diez, con todo el bloque progresista apoyando a Ferrer y Teso, y todo el conservador a Martínez Arrieta y Lucas, más el voto en blanco de la propia Perelló- decidió devolver el asunto a la Comisión de Calificación, para dar tiempo a la negociación, según precisaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Diferentes fuentes del CGPJ ya avisaron de que la intención de la presidenta era hacer estos nombramientos antes de que acabara el curso judicial, si bien en estas semanas las posiciones de los sectores conservador y progresista del CGPJ apenas se han movido. Constatado el bloqueo, fueron las propias candidatas quienes movieron ficha el pasado jueves.

Ferrer y Teso retiraron sus candidaturas para evitar que la falta de acuerdo conduzca a un nuevo fracaso que, a su vez, lleve a declarar desierta la convocatoria, abrir la terna a otros aspirantes y, con ello, dilatar la situación de interinidad en la presidencia de las dos salas clave del alto tribunal, de acuerdo con fuentes jurídicas.