El Gobierno comenzará el lunes el traslado de menores a la península

El Gobierno comenzará el próximo lunes los traslados de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península para cumplir de esta forma la orden del Tribunal Supremo, que amenazó con sanciones si el Ejecutivo no adoptaba medidas urgentes para los migrantes que se habían quedado fuera del Sistema de Protección Internacional en las islas por falta de plazas. La primera derivación será de ocho adolescentes, aunque el Gobierno se ha comprometido a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados, según informó ayer el Gobierno del archipiélago. El destino de este primer grupo de menores, sin embargo, no está claro. El Ejecutivo central ha evitado concretar a qué comunidades irán los primeros trasladados, una vez que la mayor parte de las autonomías (todas las gobernadas por el PP y alguna socialista, como Castilla-La Mancha) hayan expresado, en diferente grado, su rechazo a las derivaciones. Por el momento, el Gobierno no enviará menores a Madrid, la comunidad que más reticente se ha mostrado a las derivaciones. Hace una semana, el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, ordenó cerrar el gran centro de inmigrantes de la localidad con el argumento de que no tenía licencia y aunque el Ejecutivo central recurrirá ante los tribunales la decisión, ha evitado por ahora entrar al choque directo contra Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo ha presentado a Canarias un calendario que apunta a dos derivaciones cada semana en agosto y septiembre para encarrilar los traslados de los solicitantes de asilo, un total de 1.200 menores, y acatar así los autos del Supremo, que desde marzo ha exigido al Gobierno que se haga cargo de los menores cuyas peticiones no han sido tramitadas ante el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas. Tras dos meses de evasivas por parte del Gobierno central desde su primer auto, emitido el 25 de marzo, los jueces del Supremo reclamaron a los ministerios implicados en la acogida de inmigrantes, en un duro escrito fechado el 5 de junio, la adopción de medidas urgentes y avisaron de que en caso de incumplimiento, impondrían medidas coercitivas a los responsables de esta gestión. Los jueces concedieron 30 días para que se dotara de los medios personales y materiales necesarios a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional y 15 días para articular una colaboración «eficaz» con Canarias. Ante este ultimátum, el 23 de junio el Estado se comprometió a garantizar el «acceso inmediato» al sistema nacional de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó ayer que «las cifras demuestran que España tiene la política migratoria más exitosa en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos». «Una cosa es luchar contra las mafias. Otra cosa es pisotear su dignidad», dijo Albares.

La Dirección General de la Policía ha informado este lunes de la detención de seis personas en Gijón, cuatro en Cantabria y una en Madrid —entre las que se encuentra el líder de la red— después de haber realizado, en conjunto con Europol, tres registros domiciliarios en las localidades cántabras de Santoña y Torrelavega. En los registros se han intervenido 10 teléfonos móviles, un pasaporte falsificado y documentación relacionada con la gestión de las reservas de viajes de los migrantes traficados. La investigación comenzó en septiembre de 2024 cuando se observó que múltiples ciudadanos de origen yemení trataban de alcanzar suelo canadiense desde aeropuertos españoles con pasaportes falsos. Los agentes, en cooperación internacional, determinaron la existencia de una red que operaba en distintas provincias después de seguir el rastro de reservas de vuelos, envíos de dinero y pagos con tarjetas.

El destino de este primer grupo no está claro. El Ejecutivo central ha evitado concretar a qué comunidades irán los primeros trasladados