Ministerio de Presidencia

Piden que se cumpla la ley de menores migrantes

MADRID, 22/08/2025.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa . DANIEL GONZÁLEZ

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EFE
Madrid

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El Gobierno ha subrayado que el reparto de la acogida de menores migrantes no acompañados entre las distintas autonomías figura en una ley que está en vigor y que hay que cumplir, después de que Baleares haya anunciado que recurrirá esta norma ante el Tribunal Supremo, y pedirá su suspensión cautelar.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció ante los periodistas tras reunirse este jueves con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria, un ente que comenzará a funcionar el 1 de septiembre. El ministro subrayó que el reparto de menores con criterios objetivos entre distintas comunidades es «una ley que está en vigor» y que las leyes han de cumplirse y «solo se pueden suspender si» hay una decisión judicial que así lo determina» y que no hay hasta la fecha.

Bolaños espera que los tribunales no suspendan este mecanismo, que considera esencial y ante el movimiento de Baleares para frenar este reparto ha recordado que la ley en vigor establece un sistema de solidaridad para repartir la «presión migratoria» que reciben Canarias, Ceuta o Melilla y que puede darse también en, ha afirmado, Andalucía o Baleares.

El reparto de la acogida busca «que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas, sobre todo niños y niñas, que llegan a nuestro país», ha argumentado el ministro. También ha recordado que España como país ha pedido a Europa un sistema de solidaridad y se ha hecho cargo también, como en el caso de los refugiados ucranianos que entraron por la frontera polaca tras la agresión de Rusia a Ucrania.

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Diez comunidades presididas por el PP y Castilla-La Mancha recurrieron ante el TC el mecanismo forzoso de reparto de menores migrantes desde zonas con los recursos saturados, aprobado en marzo. La Comunidad de Madrid recurrió además ante el Supremo.