El reparto de migrantes eleva la gresca política en Madrid, País Vasco y Murcia

El Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, con el País Vasco y Cataluña como actores secundarios, mantienen el pulso por el traslado de los menores migrantes desde Canarias a la península. Entre acusaciones de falta de solidaridad hacia las autonomías que no recibirán menores, los populares rechazaron ayer de plano las «amenazas» del Ejecutivo central, que elevó el tono y avisó con dureza de que utilizará todos los medios a su disposición, incluida la Fiscalía de Menores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que cumplan el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre el reparto de los migrantes.

"No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, pero si una comunidad no responde, eso se trasladará a la Fiscalía y se activarán los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", advirtió en RNE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que evitó concretar si, ante una negativa de las comunidades a recibir a los migrantes, la Policía realizará los traslados por la fuerza. Torres negó de nuevo que el decreto beneficie a Cataluña y el País Vasco, que han quedado fuera de la acogida obligatoria de migrantes, y rechazó que se le aplique a Andalucía el criterio de 'territorio frontera', que en cambio, sí tiene Euskadi. «Las rutas se han modificado y esto es lo que corresponde a Andalucía", señaló Torres tras las críticas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se preguntó «cuántas pateras llegan al País Vasco».

Para tratar de rebajar la tensión, el lehendakari Imanol Pradales telefoneó ayer a Moreno, al que pidió colaboración, y le expuso que la de que la mitad de los menores que llegan a Euskadi lo hacen en autobús, buena parte de los cuales salen de Andalucía.

El PP recibió las medidas de presión insinuadas por el Gobierno para llevar a efecto el contenido del decreto como una declaración hostil. La apelación a la Policía «impresiona mucho", admitió el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que reprochó al Gobierno que, en cambio, las Fuerzas de Seguridad no intervengan en los homenajes a etarras en el País Vasco. «Es inmoral que se hable de la Policía en este caso y en otros cueste tanto, como en la exaltación de presos de ETA o en el golpe de Estado en Cataluña", enfatizó el representante del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

A la vez, las autonomías populares plantean otras vías para frenar el traslado de migrantes. Murcia anunció que va a estudiar «todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto» un reparto que considera «injusto y arbitrario». «La solidaridad va por barrios y no afecta ni a Cataluña ni al País Vasco", dijo el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Así se harán los traslados

La entrada en vigor este jueves de un último decreto pone en funcionamiento el mecanismo para derivar a menores migrantes no acompañados desde zonas muy tensionadas, como Canarias, Ceuta y Melilla, a otras autonomías obligadas por ley a atenderles. Se trata de un procedimiento complejo, que liderarán las subdelegaciones de Gobierno, y que define cada paso en detalle, incluido el escenario en el que una comunidad un territorio se niegue a acoger a un menor, cuando las fuerzas de seguridad del Estado le trasladen a las entidades públicas de destino. Las comunidades autónomas de destino estarán al tanto de cada acogida que deben asumir desde que se abre el expediente, podrán alegar y, una vez resuelta la resolución, sabrán con mínimo 48 horas de antelación la fecha, hora y lugar al que llegará el menor. El plan es derivar a unos 3.000 jóvenes atendidos por Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año y que todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre sean derivados a otras autonomías en 15 días.

1- La declaración de la contingencia migratoria. El primer paso es que el Gobierno declare, previa solicitud de las comunidades, la contingencia migratoria extraordinaria en aquellas autonomías que tripliquen la capacidad ordinaria de sus recursos de acogida. Con los datos tenidos en cuenta para 2025 son Canarias, y Ceuta y Melilla. Canarias ya anunció este miércoles que tenía firmada la solicitud, Melilla también la tramita y Ceuta está preparando la documentación. Además, Baleares estudia hacerlo, no para derivar menores, pero sí para no hacerse cargo de los que sean reubicados en su territorio, aunque con los datos tenidos en cuenta, a 31 de marzo, no cumple con el requisito de que su capacidad de acogida se haya visto triplicada. El Ministerio de Juventud e Infancia declarará las zonas de contingencia y tiene previsto celebrar una reunión interministerial el próximo martes con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las Delegaciones de Gobierno.

2- Propuesta de traslado y evaluación personal del menor. El siguiente paso es iniciar las propuestas de traslado, una tarea que corresponde a las subdelegaciones de Gobierno de las provincias de origen y que conlleva inscribir al menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados e indicar a qué autonomía será derivado. La comunidad de origen debe entrevistar al menor y remitir en tres días un informe sobre su situación. El expediente se comunicará al menor y a la comunidad de destino, que tienen tres días para alegar. También podrá pronunciarse, en un plazo de dos días, la Fiscalía, que también puede hacerlo si el menor se opone a su reubicación. La resolución final, que dictará la Delegación del Gobierno en la comunidad tensionada, se comunicará al menor, a la comunidad de destino y al Ministerio de Juventud e Infancia en un plazo total de diez días naturales desde que se inicia la propuesta de traslado y se puede recurrir por la vía contencioso-administrativa. Las comunidades de destino asumirán la tutela y custodia del menor y desde que se notifique la resolución deben adoptar medidas para garantizar la atención. Para determinar a qué territorio irá cada joven se tendrá en cuenta criterios de población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

3- Traslado del joven. La comunidad de origen será responsable del traslado de los jóvenes, que financiará el Estado mediante un fondo de 100 millones de euros. Esta autonomía deberá notificar al joven, a la comunidad de destino, a su Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de destino, con una antelación mínima de 48 horas, la fecha, hora y lugar de llegada y el traslado deberá ejecutarse en máximo cinco días.

4- Recepción del menor en la comunidad de destino. La comunidad de destino recibirá en el día, hora y lugar notificados al menor, que llegará en compañía de profesionales de la entidad pública de origen para intercambiar información con los de destino sobre la situación del joven.Si la comunidad se niega a recibirlo, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino. El plazo máximo para los traslados es de 15 días naturales desde la inscripción de los jóvenes en un registro.