«Antes que Sánchez sólo Franco pensaba que convocar elecciones es un incordio»

Alberto Núñez Feijóo intercambió este viernes su presencia en la apertura del curso judicial por un acto en Madrid en el que acompañó a Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el menosprecio hacia la independencia de los jueces que supuso el discurso de un fiscal general del Estado procesado. Feijóo desgranó los que a su juicio son los tres temores que atenazan a Sánchez y que ha provocado que el Gobierno haya pasado "de ser incompetente a un peligro". Así, enumeró a la justicia que investiga el entorno político y familiar del presidente por presuntos casos de corrupción, a los socios parlamentarios del independentismo que pueden desalojarlo de la Moncloa si no ven sus continuas demandas satisfechas -"peregrinaría de rodillas a Suiza si fuera necesario", ironizó Feijóo-, y a la ciudadanía a la que no llama a las urnas pese a la parálisis política y la incapacidad para aprobar unos Presupuestos.

 "Antes que Sánchez solo Franco pensaba que convocar elecciones es un incordio", remató. El líder de PP resumió su discurso con la conclusión de que "al presidente del Gobierno ya no le mueve su desmesurada ambición por gobernar, sino el miedo a perder el poder" ante las consecuencias que ello podría acarrearle.

El máximo responsable de la formación conservadora hizo un alto en sus ataques al secretario general del PSOE para abordar el problema de la inmigración ilegal, un fenómeno del que Vox está sabiendo sacar rédito en las encuestas mediante un discurso extremo que contempla las devoluciones de todas las personas que entren en España de forma irregular y su exclusión de los servicios públicos. Como ya hizo días atrás la presidenta de Madrid, el líder del partido a nivel nacional exigió la encarcelación y expulsión a sus países de origen para los violadores. 

El caso más reciente es el de una adolescente madrileña que el fin de semana pasado fue supuestamente agredida sexualmente por un menor inmigrante que se escapó de su centro de acogida en el madrileño barrio de Hortaleza. 

A lo largo de toda la semana, los de Santiago Abascal han esgrimido esta última violación para justificar su propuesta de mano dura. El PP se suma ahora a la exigencia de las deportaciones ante el temor a una sangría de votos, pese al intento en los últimos años de los de Feijóo de distanciarse de la extrema derecha en materia migratoria. Lo que no detalló el político gallego es si en su propuesta cabe expulsar a menores no acompañados como lo es el autor de la violación en Hortaleza, algo que prohíbe taxativamente la ley hasta que se cumple la mayoría de edad.

Ayuso, más aplaudida por su parroquia que Feijóo como ocurre en cada acto que ambos comparten en la Comunidad de Madrid, tiró de su manual más personal. La baronesa del PP comenzó por denunciar que el objetivo de Sánchez es "ir al choque y dividirlo todo y a todos", desde la ciudadanía a las comunidades autónomas, pasando por los jueces o los empresarios y los trabajadores. Eso sí, se vanaglorió de que en Madrid esa estrategia "no cuela" porque es una comunidad liberal". 

Fiel a su estilo, Ayuso exigió que el uso del lenguaje de la calle, del que dijo sentirse una orgullosa usuaria, deje de ser tachado de "fachosfera" por ese afán de la izquierda de distinguir entre buenos y malos. Y una de las palabras a las que aludió fue "huevos", los mismos que señaló que hay que echarle para combatir a Sánchez y sus políticas autoritarias. La recién aprobada quita de deuda a las comunidades autónomas fue otro punto destacado en el discurso de la líder territorial. Lejos de considerarla como una urgencia dado que, justificó, es un paso que no se había dado en los siete años anteriores de gobierno socialista, Ayuso la consideró como un medio para construir "la república bananera" de Cataluña con el dinero de todos los españoles.

El Fiscal General se defiende ante el Rey

La presencia del fiscal general del Estado marcó la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se celebró este viernes en un solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que había generado su asistencia desde hace días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal y cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se puso de perfil y abordó en su discurso su procesamiento por un delito de revelación de secretos. El máximo responsable del Ministerio Público y de sus 2.700 integrantes admitió ante Felipe VI y la cúpula del Poder Judicial que es "plenamente consciente de las singulares circunstancias" de su intervención como consecuencia de su situación judicial. Mostró su respeto a "todas las opiniones" vertidas en las últimas horas sobre su presencia en este solemne acto y advirtió que solo haría una mención al respecto en su discurso.

"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo que el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", señaló.

 Estas elocuentes palabras llegaron ante el inminente auto de apertura de juicio oral que dictará el magistrado Ángel Hurtado. Se trata del instructor de la causa contra García Ortiz por la presunta difusión de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales. La decisión de sentarle en el banquillo llegó a finales de julio. Una Sala compuesta por tres magistrados desestimó por dos votos contra uno los recursos interpuestos por la Fiscalía y por el propio García Ortiz contra la resolución del juez, que propuso llevarle a juicio por los indicios acumulados sobre su supuesta autoría en la filtración del correo a un medio de comunicación.

 Aplausos de apoyo 

Las referencias del fiscal general, su confianza en la "justicia y la verdad", se produjo ante una nutrida audiencia en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Algunos de los presentes, por ejemplo, eran los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) que juzgarán al acusado por su condición de aforado, de ahí el carácter insólito no solo por la imputación del jefe del Ministerio Público (la primera vez que ocurre en democracia), sino de la "singulares circunstancias" de su intervención en el acto que da comienzo al curso judicial. 

El colofón a sus palabras, que con la salvedad de su situación procesal se centró en resumir los grandes datos de la memoria anual de su departamento, fue un cerrado aplauso por parte de algunos de los presentes en el acto. Un hecho inusual dado el carácter solemne del mismo, pero que se interpretó como un apoyo explícito a su persona por parte de algunos fiscales de Sala o de los vocales del bloque progresistas del CGPJ. Los mismos que han salido en defensa de García Ortiz, de la legalidad de su presencia en el Supremo y, sobre todo, de la presunción de inocencia ante su procesamiento y el próximo enjuiciamiento. 

En el mensaje del fiscal general hubo otra apreciación que no pasó desapercibida con la vista puesta en el resultado de su vista oral. Al mencionar los datos de las sentencias dictadas el pasado año destacó que se incrementaron en los juzgados y tribunales un 15%, mientras que el porcentaje de las resoluciones absolutorias se acercan a una de cada cinco dictadas.

 "Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía", afirmó quizá imaginando su destino procesal. Finalmente, ante el escenario de un juicio en el Supremo, hizo "un humilde llamamiento" para "reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía y al trabajo de sus integrantes", aseverando que es una "institución fuerte, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley". "Una institución que no sucumbe ante los ataques de los delincuentes", subrayó.

Al cumplirse un año como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo y en su segundo discurso en el solemne acto de apertura del curso en los juzgados y tribunales, Isabel Perelló elevó este viernes el tono en contra de las críticas a los jueces y magistrados provenientes de los "poderes públicos", según generalizó sin bajar al detalle. La también magistrada del alto tribunal, víctima colateral de la tensión provocada en la judicatura por la presencia del fiscal general procesado junto al Rey y la cúpula judicial en este acto, rechazó en su discurso las "insistentes descalificaciones" al Poder Judicial e instó a Ejecutivo y Legislativo a evitarlas al considerar que solo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Sus palabras en presencia de Felipe VI, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el propio García Ortiz empezaron fijando que "la confianza y la credibilidad en la Justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de derecho". Una tarea que no compete "únicamente" el Poder Judicial, aunque en él recaiga la responsabilidad principal, sino también en los demás poderes del Estado, "cada uno en el ámbito de sus competencias", recordó.

"Por ello, resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones. Un proceder que socava de forma directa la confianza en la Justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces", añadió.

Perelló consideró que "estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo" y, "en definitiva, la lealtad institucional". En este sentido, señaló que "son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional".

"Posibles errores"

 La presidenta del CGPJ quiso destacar que "no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones". No obstante, avanzó que defenderá con firmeza "los principios esenciales que lo definen y que hacen que sea digno de este nombre". "La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial", avanzó. Además, subrayó que, "en un Estado de derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes", por lo que "los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista", aseguró.

A este respecto, recordó la necesidad de proteger los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Unas palabras que llegaron después de que los diez vocales conservadores del CGPJ le pidieron que trasladase al fiscal general la "inconveniencia" de su intervención al estar procesado por un delito de revelación de secretos. Los mismos consejeros también pusieron en un brete a la presidenta al reclamar su intervención para trasladar a Bolaños su rechazo por los "ataques" a los togados por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al decir el pasado lunes en una entrevista en TVE que "hay jueces haciendo política", en implícita referencia a Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa contra su esposa Begoña Gómez. Estos vocales, en su mayoría miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario de la carrera, de sensibilidad conservadora y abiertamente enfrentado al Gobierno, pidieron también a Perelló sacar al ministro del estrado en el acto de este viernes en señal de protesta, pero finalmente su solicitud no fue atendida.