Una investigación parapolicial contra Sánchez, su esposa y su familia incluyó seguimientos sin permiso judicial
La Fiscalía analiza la denuncia sobre el «dispositivo ilegal» puesto en marcha en 2014 con Rajoy cuando Pedro Sánchez fue elegido candidato del PSOE
Begoña Gómez en la tribuna del Congreso.
La investigación parapolicial puesta en marcha en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo. Sánchez acababa de ser nombrado canidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno. En el Ejecutivo estaba Mariano Rajoy y el PP.
La llamada «operación Pedro Sánchez» comenzó apenas una semana después de ser nombrado líder socialista hace más de 11 años. El dispositivo contó con la «participación directa» de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, entonces dirigida por el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado ‘caso del pendrive de los Pujol’: el intento de introducir en la causa pruebas sin cobertura judicial para su manipulación.
La DAO fue la encargada de distribuir las tareas señaladas entre diferentes unidades del cuerpo. Un modo de actuación con bastantes similitudes a la ‘operación Kitchen’: el dispositivo parapolicial de seguimiento a Luis Bárcenas y su familia, desarrollado entre 2013 y 2015 y cuya finalidad era recuperar información sensible del PP en poder de su extesorero. Unos hechos por los que serán juzgados en la próxima primavera la cúpula de Interior durante el Gobierno de Rajoy —el ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez— o el citado comisario Pino.
En el caso de la ‘operación Pedro Sánchez’, el «objetivo prioritario» era conocer el perfil del aspirante a presidir el Ejecutivo y hallar cualquier debilidad profesional o personal que pudiera desestabilizarle con la vista puesta en las elecciones generales que se celebraron a finales de 2015. Entonces, según se desprende de la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset en julio pasado y que ya tramita la Fiscalía a través de unas diligencias previas, el operativo comenzó por instrucción «de la más alta superioridad». Y señala —a partir de los documentos aportados— a la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno «como el ordenante y receptor último de la información» recopilada.
El resultado de las pesquisas sin cobertura judicial contra el entonces diputado quedaron plasmadas en un informe confidencial sin membrete cuatro meses después de iniciarse. Se tituló «Nota informativa: Riesgos PS», y se creó el 9 de noviembre de 2014. Entre las tareas asignadas por la DAO a sus operativos, además de las ya citadas, se especifica en la denuncia que los «seguimientos personales a Pedro Sánchez fueron detectados» y que se activaron contactos «con fuentes externas» para «alimentar» dos de los cometidos del informe: una investigación relativa a los negocios de sus allegados y la relación del recién elegido secretario general del PSOE con el resto de las familias del partido, «tanto contrarias como afines».
Del primer asunto derivaron las primeras referencias a la actividad empresarial del padre y los tíos de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, susceptibles de ser usadas en su contra, como al final ha ocurrido. La denuncia presentada por Pérez Dolset en la Fiscalía General del Estado, y luego remitida a la Provincial de Madrid, fue ampliada el 30 de julio. Se dieron detalles sobre un hackeo de los equipos del empresario y sus colaboradores, que están detrás de una asociación de afectados por las cloacas del Estado (Pérez Dolset tiene abierto un litigio por un presunto fraude subvenciones y el vaciamiento de su empresa tecnológica Zed, quebrada en 2016). Uno de los «puntos» del intento de sabotaje fue precisamente el expediente que poseía de la ‘operación Pedro Sánchez’, cuyos documentos ya supervisa la Fiscalía para determinar si hay indicios delictivos y contra quién.
La Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado posee ingente documentación de las causas abiertas al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional. Unos archivos que han permitido a Pérez Dolset nutrir su base de datos y alimentar el pendrive que la exmilitante socialista Leire Díez entregó al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General con información sensible sobre diferentes causas, como el fraude en hidrocarburos. Díez salió a la palestra por la difusión sin autorización de la grabación de una reunión en un despacho de abogados, en la que ésta buscaba datos comprometedores de un jefe de la UCO de la Guardia Civil.
Unos hechos por lo que está siendo investigada por un juzgado de Madrid.