El Tribuanl Supremo sienta en el banquillo al Fiscal General y le impone 150.000 euros de fianza
Sostiene sin indicios objetivos que García Ortiz filtró un correo de la defensa del novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (c), a su salida el pasado viernes del Tribunal Supremo tras el tradicional acto de apertura del año judicia
Punto y seguido para el fiscal general del Estado. Un año y medio después de que se filtrara a la prensa que el novio de Isabel Díaz Ayuso se enfrentaba a una causa por un doble delito fiscal, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado resolvió este martes sentar en el banquillo al máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, como presunto autor de esta revelación de secretos. Le acusa de haber maniobrado para entregar un correo a un redactor de la Cadena Ser en el que la defensa del empresario Alberto González Amador admitió al fiscal que le investiga un fraude fiscal de unos 350.000 euros en busca de un acuerdo.
No por relevante, el anuncio del juicio en el entorno de García Ortiz ya se esperaba y este martes, según las fuentes consultadas, reiteraron que seguirá en el puesto porque "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general", por lo que volvieron a descartar cualquier dimisión.
En 29 páginas de resolución, el instructor de la Sala Segunda (Penal) insiste en que la "solidez indiciaria acumulada en la investigación" es suficiente para dar este simbólico paso, que sentará al acusado en el banquillo del Supremo en los próximos meses -la mayoría de las fuentes consultadas apuntan que será a mediados de noviembre- para enfrentarse a peticiones por parte de las acusaciones populares que van desde los cuatro hasta los seis años de cárcel.
Esta resolución ya no es recurrible y supone un importante varapalo económico inmediato para el encausado, pues Hurtado le impuso además una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar en caso de una sentencia condenatoria, "con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad". La acusación particular de González Amador había pedido, no obstante, una caución de 300.000 euros para responder a los daños morales causados en caso de un hipotético castigo, pero el juez lo desestimó. El único aspecto positivo para García Ortiz es que la resolución rechazó la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, de suspender cautelarmente de sus funciones al fiscal general, aunque remite su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
El magistrado recuerda que, efectivamente, existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera por vía administrativa, pero sin embargo esta normativa no contempla la del fiscal general. Ante este "vacío legal", opta por la vía de la inspección ante el contrasentido de la ley marque que sea el propio García Ortiz el que se suspenda así mismo. El magistrado, por una suerte de deferencia institucional, decidió posponer el anuncio del enjuiciamiento hasta que pasara el acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado viernes en el Supremo, para que la resolución no interfiriera más en este solemne evento presidido por el Rey y en el que la presencia del fiscal imputado junto al jefe del Estado provocó una fuerte controversia. Fue en su discurso donde mostró su confianza en la "justicia y en la verdad".
El instructor destaca en su resolución que García Ortiz "indiciariamente" podría haber "revelado", en su "condición de fiscal general, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo". Y apunta a la entrega del correo confidencial a un periodista de la Cadena Ser el 13 de marzo de 2024 entre las 21:29 y las 23:00 horas, quien lo difundió a las 23:25 en el espacio Hora 25, para erosionar la imagen de Díaz Ayuso. Pese a esta aseveración, Hurtado no detalla indicios objetivos que le lleven a esta conclusión y reitera, como ya respaldó la Sala de Apelaciones, que el borrado de los correos electrónicos y mensajes de móvil de García Ortiz es un "potente" indicio más en contra de él.
"Es de común experiencia que un borrado se haga de elementos que puedan resultar desfavorables", detalla el magistrado, orillando la tesis de la defensa de que se eliminaron en cumplimiento de un protocolo interno de protección de datos por contener informaciones "sensibles" sobre investigaciones en curso.
Del mismo modo, el instructor asume las correcciones que le hizo la Sala de Apelación cuando, por dos votos contra uno, estimó parcialmente la acusación contra García Ortiz y decretó el archivo de la causa contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Para sustentar su instrucción, Hurtado destaca la "solidez indiciaria acumulada durante la investigación de los hechos, que ha sido ratificada por la citada Sala".
Del mismo modo, explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía". Y añade que "no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación".
Además, la filtración del correo, según Hurtado, "pone en cuestión el prestigio de la institución si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad". Y concluye que todo ello fue asumido por García Ortiz desde el momento en que, "a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida".
Como colofón, vuelve a señalar que, en paralelo a la presunta filtración al periodista de la Cadena Ser, "desde Fiscalía General del Estado se remitió copia del correo a Pilar Sánchez Acera", empleada de Moncloa, quien hizo uso de él para que lo utilizara el exlíder socialista madrileño Juan Lobato contra Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que se celebró un día después: el 14 de marzo de 2024.
No se va, quiere probar su inocencia ante un tribunal
Ahora, abocado al banquillo y ante la inminencia de un juicio sin precedentes en el Supremo, García Ortiz, según explicó su entorno más cercano, aguarda esperanzado esa vista oral en la que confía probar su inocencia y demostrar que no participó en modo alguno, tal y como sostiene el instructor, en las maniobras en marzo de 2024 para filtrar a la prensa que el empresario Alberto González Amador estaba siendo investigado por un doble delito fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021.
Para García Ortiz, la apertura del juicio oral no cambia nada con respecto a su imputación hace ahora casi un año o la decisión de Hurtado el pasado junio de procesarle. Entonces como ahora, en la Fiscalía General del Estado insisten en que no hay pruebas que vinculen a su máximo responsable con la filtración del correo electrónico de febrero de 2024 en el que el letrado de González Amador reconocía que su cliente había cometido los dos fraudes.
"Si estoy aquí como Fiscal General del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", dijo García Ortiz el pasado viernes en su discurso en el solemne acto de apertura del año judicial presidido por el Rey y ante la Sala de lo Penal que lo juzgará a partir de la segunda mitad del próximo noviembre, según estiman las fuentes consultadas.
"Mentira" y "derrota"
El pasado 13 de junio, García Ortiz, probablemente en la intervención en la que más claramente se refirió a su suerte judicial, se reafirmó en su decisión de no dejar el cargo pasara lo que pasara. En la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que se celebró en el Pazo de Mariñán (A Coruña), el fiscal general llegó a afirmar ante sus subordinados que la instrucción que preside se veía "reforzada" por su decisión de no dimitir tras su procesamiento. "La Fiscalía debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general", aseguró tras afirmar que comprendía a quienes consideraban que debía dejar el cargo. "Si no permaneciese, el siguiente fiscal general iba a ser una figura muy débil", argumentó .
En ese foro defendió la "absolutamente impecable" actuación del Ministerio Público en marzo de 2024, que "pretendía ser manipulada por unas mentiras" que llegó a calificar como "infamia". "Eso provocó que yo recopilara el material de la verdad, de lo que efectivamente había ocurrido en unas negociaciones de conformidad, para defender la honorabilidad, el buen trabajo y la profesionalidad de la Fiscalía española", explicó García Ortiz en referencia a que dio orden de desmentir el bulo difundido por el entorno de Ayuso de que era la Fiscalía la que buscaba un pacto con González Amador y no viceversa. "Desde aquel 13 de marzo de 2024 hasta hoy no ha cambiado nada, por eso creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal", reiteró entonces.
"Como Fiscal General del Estado hice lo que tenía que hacer: por un lado, poner de manifiesto la profesionalidad de la Fiscalía española y, por otro, algo que es esencial para los fiscales: dar a conocer, no sólo a la opinión pública, sino a los profesionales de la información y a los ciudadanos, el derecho a una información veraz, el derecho a a conocer la verdad. Frente a la mentira, el conocimiento de la verdad", apuntó.
"Creo que esta actuación institucional hay que defenderla, por eso mi permanencia en el cargo es institucionalmente relevante y necesaria para defenderla en cualquier momento procesal", zanjó el fiscal general.