Begoña Gómez declara que su asesora le hizo "un favor muy excepcional" con la cátedra

De riguroso traje de chaqueta negro y acompañada de un nutrido grupo de agentes de la seguridad de la Moncloa, Begoña Gómez regresó este miércoles a los juzgados de Madrid para declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Fue la cuarta presencia de la esposa del presidente Pedro Sánchez en los pasillos del edificio de la Plaza de Castilla. En esta ocasión, compareció como imputada por un delito de malversación de caudales públicos en una de las cuatro líneas de investigación abiertas por el instructor, que lleva 17 meses con la causa tras admitir la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

Gómez, de 54 años, siguió la misma estrategia que su última citación y solo contestó a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. En apenas 15 minutos de comparecencia, la investigada por cinco delitos rechazó los indicios de malversación por la utilización de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas. Álvarez intervino de forma previa y se acogió a su derecho a no declarar.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración explicaron que Gómez contestó únicamente a seis cuestiones sobre el cometido de la asesora. Reiteró en línea con los escritos de su defensa que Álvarez coordina su agenda y le acompaña a actos en cumplimiento con el cometido asignado. Y sobre los correos aportados a la causa, en los que se refleja que habría intervenido también en las actividades de la cátedra universitaria que dirigió entre 2020 y 2024, lo minimizó a un "favor muy excepcional", dijo.

En su breve declaración también detalló que la asesora tenía acceso completo a su agenda y sobre el citado correo electrónico enviado a una responsable de Reale Seguros, patrocinador de la cátedra de la Complutense, en el que Álvarez habló en nombre de Gómez para continuar con su aportación anual, la investigada le quitó hierro como un gesto entre amigas. Dicho mail data de febrero de 2024 y Álvarez transmitió a la directora de Comunicación Institucional de Reale lo siguiente: "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", se lee en la posdata del mail. De forma previa, Álvarez, que ejerce como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno desde verano de 2018, se acogió a su derecho constitucional a no declarar como investigada por un delito también de malversación. 

La decisión de no responder a las preguntas del juez y de las partes tiene que ver con la reciente presentación de su abogado de un recurso ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que tutela la investigación de la causa. El escrito impugna el auto de citación de Peinado por falta de motivación y desatender las directrices que ya le marcó el citado tribunal sobre la investigación a la asesora. Una resolución que no mencionó el ilícito perseguido, si no cualquier otro hecho que tuviera que ver con un presunto tráfico de influencias. Por lo tanto, la defensa fía su futuro procesal a la decisión que tome la Audiencia Provincial ante la "rebeldía" de Peinado, a quien acusa de "mutilar" parte del auto de la sección 23 para configurar un relato tergiversado de los hechos. 

Petición de correos

La defensa de Begoña Gómez, quien hasta ahora estaba investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, recurrió también esta nueva imputación, alegando que los indicios se basan exclusivamente en que la asesora envió tres correos relacionados con la cátedra, pero que en realidad se remitieron por cuestiones de agenda y seguridad de la mujer del presidente, por mucho que en alguna posdata se hablara de asuntos académicos. "Es difícil sostener que con esa actuación ambas pudieron cometer un delito de malversación", alega la defensa de la esposa de Sánchez, quien también apeló la decisión de Peinado de pedir a Moncloa todos los correos que su clienta envió y recibió desde julio de 2018 hasta la semana pasada desde la dirección que Presidencia le asignó tras la llegada de su marido al Gobierno. 

En esta línea de investigación que indaga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez, el juez reclamó este miércoles al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que entregue "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria" Cristina Álvarez para conocer su grado de implicación en la gestión de la cátedra universitaria.