La crisis de las pulseras antimaltrato abre un choque en el Gobierno y con la Fiscalía

La brecha de seguridad en el sistema de pulseras antimaltradores recogida en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 no solo ha revelado las grietas en un sistema crucial para proteger a las víctimas de violencia machista, también ha provocado un choque entre el Gobierno y el Ministerio Público. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, culpó este viernes a la institución de haber hecho «una valoración sin datos que ha generado una alarma que no se compadece con la realidad». Al mismo tiempo, negó que hubiera problemas en el funcionamiento actual de estos dispositivos e insistió en minimizar los supuestos fallos a «cuestiones técnicas ocurridas hace ocho meses», cuando se produjo el trasvase de datos desde la anterior adjudicataria de este sistema que era Telefónica a la actual adjudicataria, Vodafone. La gravedad del asunto radica principalmente en que estas pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas que tienen impuestas órdenes de alejamiento de sus víctimas. Esto tiene como objetivo proteger a las mujeres de ser agredidas, ya que a su vez llevan dispositivos que alertan de la cercanía de estas personas, y documentar posibles quebrantamientos de cara a la vigilancia policial. Actualmente son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas pero un total de 21.036 las han llevado en algún momento desde 2009, año en el que comenzaron a implantarse. En la misma línea que Redondo se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores», insistió el ministro socialista, que este viernes se esforzó en marcar con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato. En concreto, la Fiscalía denuncia en su memoria una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024 que ha tenido repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señala el Ministerio Fiscal el documento. Ante las preguntas, Bolaños, antes de reunirse con representantes de la Asociación Plataforma Judicatura Interina en la sede del Ministerio, no quiso entrar al quite y se centró en aclarar que «todos los aspectos» de ese episodio ya «se resolvieron» y ahondó en que «lo fundamental» es que no hubo afectación directa a la integridad de las víctimas, porque «en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar».