La acusación frontal por la filtración «política» cierran el juicio al Fiscal

Visto para sentencia. Tras seis jornadas de juicio inédito en el Tribunal Supremo, donde pasaron cerca de 30 testigos y once peritos de la Guardia Civil, la sala de siete magistrados ya delibera sobre la condena o la absolución del fiscal general por presunta revelación de secretos. Un delito por el que le piden hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa. Con la exposición de los informes de conclusiones se puso el broche este jueves a una vista oral que quedará marcada en la hoja de servicios del alto tribunal. Álvaro García Ortiz ha sido el primer jefe de los 2.800 fiscales de la carrera, garantes de la legalidad y de la persecución de los delitos, en sentarse en el banquillo. Un proceso que ha desencadenado tensiones de alto voltaje entre instituciones del Estado, el poder político y la prensa.

Recuperada la toga tras su declaración exculpatoria del miércoles, el fiscal general, quien rechazó hacer uso de la última palabra, escuchó sentado en estrados los alegatos finales de las acusaciones, la Fiscalía y su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Las partes visibilizaron sus profundas discrepancias, incluso en el terreno personal, sobre la carga de la prueba, las "motivaciones políticas" de la filtración analizada por el tribunal o la credibilidad de los periodistas que exculparon al acusado. Ignacio Ocio, abogado de García Ortiz, cerró las sesiones con un alegato continuista del que hizo el máximo responsable del Ministerio Público. Reafirmó su defensa de la legítima reacción de la institución el 13 y 14 de marzo de 2024 para combatir un "bulo" que afectaba gravemente el honor de la institución. Una "intoxicación" lanzada en redes sociales por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso sobre la conformidad negociada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y procesado hoy por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. 

"Se llevó a cabo una dinámica institucional, legal y legítima" de emitir una nota de prensa frente a las "informaciones tergiversadas" de algunos medios, en referencia a El Mundo, que se hicieron eco de la "versión falaz" de Miguel Ángel Rodríguez sobre la ruptura del ofrecimiento por parte de la Fiscalía, alegó Ocio. El representante de los servicios jurídicos del Estado esgrimió que la única filtración acreditada ha sido la del propio querellante, González Amador, a Miguel Ángel Rodríguez, ocurrida horas antes de que García Ortiz recibiera el correo de la filtración para elaborar la respuesta al "bulo". "Si habló de las negociaciones de conformidad y de su voluntad de reconocimiento de los delitos a un periodista (de El Mundo), esto supone que el secreto pierda ese carácter", argumentó el letrado. Su alegato también estuvo trufado de otros extremos. Subrayó que cientos de fiscales pudieron acceder de forma previa al email donde el comisionista admitía dos delitos fiscales. Deslizó que "existió voluntad de no investigar" otros posibles autores de la revelación, en reproche a la instrucción del magistrado Ángel Hurtado y de la UCO. Y recalcó la existencia de un "juicio paralelo basado en conjeturas", marcado por "un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico".

"Espacios de impunidad" La integrante de la Fiscalía, que no acusa en esta causa contra su jefe, se sumó a la defensa de la Abogacía sobre la validez de los testimonios de los periodistas. Una derivada, la credibilidad de los informantes y el secreto profesional de sus fuentes, que también ha sido escrutada en el juicio.

 Ayer, sin ir más lejos, hubo desde las acusaciones el señalamiento de algún testigo, como el redactor de la Cadena Ser que recibió la filtración del fiscal general, según el auto de procesamiento, por mentir. También se llegó a mentar desde la acusación ejercida por el Colegio de Abogados de Madrid, pese a su posición institucional en apariencia pacífica, que el artículo 20 de la Constitución que protege a la profesión periodística proyecta "espacios de impunidad" que no contribuyen a conocer la verdad judicial. 

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos, que también defiende a la pareja de Ayuso en las dos causas abiertas contra él en los juzgados de Madrid, se explayó en la autoría de la revelación por parte de García Ortiz o por orden de éste. Como no hay prueba directa que sostenga esta tesis, basó su convicción en la pluralidad de indicios incriminatorios. Mantuvo que el acusado recibió el correo filtrado en su dirección personal de Gmail, porque así "sale del circuito de trazabilidad del Ministerio Fiscal". Consideró que sí hubo contactos con el periodista de la Ser para cotejar el contenido del email. Y detalló la existencia de un complot en la cúpula de Fiscalía para destruir al novio de una rival política, en una "alineación plena" con el Gobierno. Una mención que hasta la Sala de Apelaciones del Supremo que llevó el procedimiento a juicio ya eliminó del relato de hechos.

En síntesis, era Rodríguez Ramos quien debía aportar la carga de la prueba y su relato se deslizó hacia la vulneración de los derechos de su cliente, pensando en posibles nulidades a futuro en las dos causas que le afectan. Para ello, denunció que la consideración de "delincuente confeso" tras la filtración supuso una "condena pública" y aludió al "uso político" que hicieron los "rivales" de Ayuso desde Moncloa. Se puso en marcha una "máquina de blanqueo" para que la Fiscalía pudiera hacer un comunicado usando ese correo sin exponerse a consecuencias porque, horas antes, ya había sido publicado. Y en la "cabeza" estuvo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, concluyó.