El Gobierno permitirá a las autonomías ahora cobrar parte del IVA y del IRPF

María Jesús Montero sorprendió ayer a las comunidades autónomas, reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los objetivos de deuda y déficit del próximo año, con un anuncio inesperado: en enero o febrero presentará una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de diez años y objeto de polémica constante con los territorios. La vicepresidenta primera no ofreció excesivos detalles sobre su contenido pero sí aseguró que, pese al pacto alcanzado con ERC en agosto de 2024 para ofrecer una suerte de concierto a Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa, el modelo será de aplicación a todas las comunidades del régimen común, es decir, todas menos el País Vasco y Navarra.

Con poca información sobre la mesa, los consejeros de los trece gobiernos del PP, que llevan años exigiendo una reforma, pero también el de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, mostraron su escepticismo sobre los plazos planteados por la también ministra de Hacienda. Y, sobre todo se mostraron recelosos porque no vaya a haber grupos de trabajo para una negociación previa, cuando ya ha habido, en cambio, al menos un encuentro bilateral, en julio, con el Ejecutivo Cataluña.

La vicepresidenta avanzó que ninguna comunidad autónoma perderá recursos y explicó que habrá una mayor participación de los territorios en los impuestos ya cedidos a las comunidades autónomas: el 50% del IVA y el IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales. También aseguró que el modelo recogerá la «solidaridad interterritorial» de forma «explícita» y tratará de acortar la brecha actual de financiación per cápita entre autonomías, que alcanza los 1.005 euros.

Aunque de partida no lo mencionó, a preguntas de la prensa sí matizó que el sistema podría igualmente incluir el principio de ordinalidad (que la posición relativa de que cada autonomía ocupa no quede alterada por el sistema), una exigencia expresa de Cataluña. Pero ofreció pocos datos más. «Hasta que no esté completo, no podemos dar ningún número concreto», dijo.

Además, Montero explicó que su intención es que los cambios en la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) puedan aprobarse a lo largo del próximo año y que entre en vigor en 2027. Pero reconoció que ni eso está en su mano ni hay perspesctivas de que así sea porque el Gobierno de Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y depende de todos sus socios de investidura sin excepción o del Partido Popular.

Esa falta de mayoría en el Congreso es la también augura el fracaso de la senda de estabilidad presupuestaria que sí logró sacar adelante en el CPFF, gracias a que el voto del Ejecutivo cuenta en ese órgano un 50% y obtuvo además el respaldo de Cataluña y Castilla-La Mancha.

En contra

Las autonomías del PP votaron en contra y Canarias se abstuvo. Mañana, los objetivos de déficit propuestos —0,1% para las autonomías, 1,8% para la Administración General del Estado— serán aprobados por el Consejo de Ministros, pero tienen los días contados. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este asunto llega con cuatro meses de retraso respecto a lo que suele ser habitual y los populares reprocharon a Montero esa tardanza injustificada que les ha obligado a hacer «a ciegas» sus propios Presupuestos.

Pero, además, se da la circunstancia de que es idéntica a la que ya presentó el año pasado y que Junts rechazó. El Gobierno asume que tampoco ahora, con más razón después de haber anunciado hace 20 días la ruptura de relaciones, podrá contar con el partido de Carles Puigdemont.

10.223 millones más para CyL

Castilla y León percibirá en 2026 en recursos del sistema de financiación 10.223 millones de euros, un 7,5 por ciento más que en el anterior ejercicio, una cifra que supone un «récord», según informó el Ministerio de Hacienda. La cifra se detalla entre los 9.568 millones de las entregas a cuenta, que crecen un 6,7 por ciento, y los 655 de la liquidación de 2024.

Se trata de una revisión favorable para las arcas autonómicas, debido «al buen comportamiento de la economía española», que «evidencia», informó el Ejecutivo central, el «compromiso» con las comunidades autónomas, que «son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia».

Además, tal y como anunció en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la senda de déficit autonómica para el periodo 2026-2028 permitirá a la Comunidad contar con un margen fiscal de 256,7 millones.

En total, el conjunto de las comunidades autónomas percibirán 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto.