La asociación afín a García Ortiz lanza una "caja de solidaridad" para pagar las penas

El Tribunal Supremo acordó la semana pasada la ejecución de la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 más en concepto de responsabilidad civil por el daño moral ocasionado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díez Ayuso, por la revelación de datos reservados. 

La decisión de la Sala supuso el punto de partida no solo para el incidente de nulidad contra el fallo que tiene previsto presentar en los próximos días García Ortiz, sino también para el abono de las citadas cuantías económicas: en el caso de los 7.200 euros multa ya se zanjó con la fianza aportada en su momento por el acusado. Sobre los 10.000 euros de responsabilidad civil, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo que en su día estuvo presidido por García Ortiz, ha lanzado este lunes una campaña de colaboración entre sus asociados para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena del Supremo. Una ayuda "de carácter estrictamente voluntario y solidario", ha señalado la UPF en un comunicado.

 La asociación ha manifestado su defensa "desde el inicio" de la inocencia del ex fiscal general. Una defensa que, ha dicho, "seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales", pues la actuación del que fuera jefe de la institución "tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal".

 "Mientras se activan y se seguirán activando los mecanismos legales para combatir una condena que consideramos injusta, la asociación entiende que no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce", ha señalado.

Por ello, la UPF ha detallado que su iniciativa "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana". Y ha añadido que se trata "de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de derecho".

Cabe recordar que esta asociación también ha promovido una campaña de recogida de firmas para el indulto a García Ortiz, entendiendo que se trata de "una necesidad democrática". Dicha campaña ya cuenta con más de 15.000 apoyos.

Consecuencias internas

 El Supremo ordenó el pasado 12 de diciembre la ejecución de la sentencia, reclamando a García Ortiz que ingrese las cantidades fijadas por el tribunal en la cuenta de depósitos y consignaciones del alto tribunal. Además, ordenó librar "copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, a los efectos oportunos".

García Ortiz renunció al cargo el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo -que se adelantó sin la motivación jurídica de la sentencia por temor a las filtraciones dentro del tribunal- y quedó cesado formalmente el 9 de diciembre. Teresa Peramato, fiscal experta en la lucha con la violencia de género, ya ha tomado posesión como su sustituta. A partir de ahora, será la Inspección Fiscal la que determine el impacto del fallo en el estatuto de la carrera, lo que podría abocar a la expulsión de García Ortiz por la pena de inhabilitación. Una posibilidad que el propio tribunal juzgador ya tachó de excesivo en caso de consumarse.