La Audiencia de Madrid anula una diligencia clave de Peinado para acusar a Begoña Gómez

Duro revés al juez Juan Carlos Peinado. Y no se trata de un contratiempo cualquiera. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado una de las diligencias clave que había autorizado el magistrado para delimitar la presunta malversación de caudales públicos cometido por su imputada estrella, Begoña Gómez. El tribunal que supervisa la instrucción ha anulado la decisión de Peinado de pedir a Moncloa todos los correos electrónicos enviados y remitidos por Gómez a su cuenta de Presidencia desde julio de 2018 hasta la actualidad. Siete años de comunicaciones que ya estaban en manos de la policía judicial para su análisis.

El auto de la sección 23, formada por tres magistrados, admite de forma parcial el recurso de la defensa de Begoña Gómez, al que se adhirió la Fiscalía y la también investigada Cristina Álvarez, asistente personal de la esposa de Sánchez en Moncloa. La resolución, fechada a 9 de diciembre, justifica que la petición que realizó Peinado en septiembre pasado, a través de una providencia, no estuvo justificada y fue desproporcionada. 

Alega el tribunal que, según establece la ley de enjuiciamiento criminal, la interceptación de las comunicaciones requiere una argumentación detallada de los indicios acumulados y la pertinente motivación para no vulnerar el derecho de defensa. Una circunstancia que el instructor obvió por completo en su providencia. Tras su solicitud en septiembre pasado, Peinado recibió hace un mes escaso de los servicios jurídicos de Moncloa una copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez, que fue remitida para su análisis a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de una memoria USB con documentación de la cuenta corporativa asignada a Gómez, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025. Una información que el juez despachó en un párrafo.

 "Remítanse los mismos a la UCO (sección de delitos económicos) para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa", acordó Peinado, que precisó que después solo dará a las partes traslado tanto del informe como de los correos sobre los que se informe, "para preservar el derecho a la intimidad" de Gómez. Más información La Secretaría General de Presidencia del Gobierno también remitió al juzgado un dispositivo de almacenamiento "con tres anexos". Entre la documentación aportada figura, según detalló, un informe con los nombres de las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Moncloa desde el 11 de julio de 2018 hasta ahora. También refleja la inclusión de un informe de la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde se indican "las personas que han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha por Cristina Álvarez".

Ahora, los magistrados de la sección 23 argumentan que revocan esa parte de los correos a la cuenta oficial de Gómez "a fin de que se proceda a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna".

 El juez Peinado atribuye a la esposa de Sánchez presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Sobre el primer delito, el mismo tribunal de la Audiencia Provincial respaldó la semana pasada seguir investigando si la asistenta de Gómez se sobrepasó en sus funciones públicas y ayudó a ésta en la gestión de la cátedra universitaria que codirigió entre 2020 y 2024.