La trama de hidrocarburos de Aldama salpica a Ribera y Maroto

"Hay indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Miteco». La conclusión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que entregó a principios del pasado mes de diciembre al juez de la AudienciaNacional Santiago Pedraz sobre la trama de hidrocarburos que salpica al Gobierno no podía ser más rotunda tras todo un año de investigaciones. Y es que el anterior atestado tenía fecha del 18 de diciembre de 2024. En él, los agentes del teniente coronel Antonio Balas plasmaron por primera vez sus sospechas de que la trama de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama había conseguido un trato de favor para la empresa Villafuel —investigada por un fraude que las últimas estimaciones de la UCO elevan a más de 231 millones de euros en el IVA— por parte de los ministerios que entonces dirigían Teresa Ribera y Reyes Maroto. Y en estos doce meses las sospechas, lejos de disiparse, se han afianzado, hasta el punto de que la Guardia Civil ya se atreve a apuntar que esa empresa «apadrinada» por Koldo y De Aldama consiguió el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos gracias al empujón de la trama corrupta y a pesar de no cumplir los requisitos. En su último informe, los agentes llegan a la certeza de que la trama del fuel se gastó en dádivas para Ábalos y su entorno cerca de un millón de euros a fin de «obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente». Según el escrito de Anticorrupción, el leonés Claudio Rivas, como «máximo dirigente de la organización criminal", contrató a De Aldama para que este, usando sus contactos con Ábalos y Koldo, «incidiera en los órganos ministeriales correspondientes» para agilizar la concesión de la autorización, soslayando así el «incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello» a cambio de una «contraprestación económica».