Adamuz frustra el plan de rehabilitar Transportes con la gestión de Puente

«La vía estaba completamente renovada». «Reforma integral». «Es un accidente tremendamente extraño y muy difícil de explicar». Sentencias cuanto menos controvertidas o inciertas; varias «equivocaciones» reconocidas ; datos contradictorios sobre la investigación; la insistencia en mantener, pese a las evidencias, que la rotura de la vía podía ser «efecto» y no la «causa» del desastre ferroviario del aciago domingo en Adamuz que se ha cobrado la vida de 46 personas... Dos semanas después de la tragedia, Óscar Puente concita una inusual coincidencia entre socios y oposición al Gobierno, que exigen a izquierda y derecha su dimisión por la gestión no solo del doble descarrilamiento, sino de una infraestructura clave, con el deterioro de la alta velocidad y del servicio catalán de Rodalies.

El dramático accidente ha desbaratado el intento de Pedro Sánchez de rehabilitar la maltrecha imagen de un Ministerio de Transportes infiltrado por la corrupción. El presidente —que, a la espera de comparecer el 11 de febrero en el Congreso, solo se ha referido al siniestro en tres intervenciones fugaces— había fiado a la ejecutoria de Puente el crédito de un departamento muy sensible y, ahora, la administración de la catástrofe cordobesa. Al ministro le avalaba su aplaudida gestión del colapso que representó la dana valenciana del 29 de octubre de 2024. Su visibilidad, su transparencia y sus explicaciones detalladas sobre las acciones del Gobierno frente a la opacidad de Carlos Mazón en las horas clave de la destructiva riada, y en contaste con la actitud de combate, en especial en las redes sociales, que acostumbra a desplegar, constituían el antecedente en que se apoyó Moncloa para que fuera Puente, en primera persona, quien asumiera la responsabilidad principal de encarar con solvencia el siniestro de Adamuz; una suerte de parapeto del presidente. Primero la dana y ahora el descarrilamiento cordobés han sometido a un estrés añadido a la tarea que ya tenía ante sí el ministro, comandado para rehabilitar con su gestión la nefasta impronta dejada por José Luis Ábalos. En febrero de 2024, a los pocos días de estallar el ‘caso Koldo’, Puente encargó una auditoría que certificó ese agosto las irregularidades del equipo de Ábalos en la compra de mascarillas. La inspección encendió al exministro, aunque aquella auditoría no vio el rastro de los enchufes en las empresas de Transportes de amigas del ex número tres del PSOE, ni detectó que la trama superaba con creces las adjudicaciones de material sanitario a la empresa de Víctor de Aldama. La lista de altos cargos imputados de la anterior etapa ministerial se ha vuelto larga: la exdirectora de Adif Isabel Pardo de Vera; el exdirector de Carreteras Javier Herrero; el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez; el exdirector general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda; el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Algunos fueron destituidos por el propio Puente tras el estallido de la ‘operación Delorme’, pero el ministro no anduvo fino cuando nombró a Ángel Contreras presidente de Adif en diciembre de 2023. Tuvo que fulminarlo en diez meses, cuando apareció en los informes de la UCO vinculado supuestamente a los amaños. La UCO le cita cuya firma le identifica como máximo responsable de la renovación del tramo de Adamuz, en relación al intento de amaño de una obra de «emergencia» por un deslizamiento de tierras sobre la vía en Lugo en febrero de 2024. Hacía más de un año que Puente estaba al frente del ministerio.