Imputan a Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, está citado a declarar el próximo 6 de mayo en calidad de investigado. Así lo dio a conocer ayer la magistrada del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Una decisión que adoptó a raíz de una querella, presentada en un primer momento por el PSOE, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia se fundamenta en la presunta difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas del diario El País que Rodríguez habría realizado a raíz de que estos se encontraban realizando una cobertura informativa sobre el ático del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Los hechos, en concreto, se remontan al contexto de las informaciones publicadas sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien en la actualidad se encuentra procesado por un presunto fraude fiscal. En el marco de la investigación periodística que estaban llevando a cabo estos dos redactores decidieron acudir a las inmediaciones de la vivienda de González Amador con el objetivo de recabar distintos testimonios. Allí, fueron interceptados e identificados por varios agentes de la Unidad adscrita de la Policía Nacional que prestan servicio de escolta a la líder autonómica. Poco después de la identificación que los agentes realizaron, Miguel Ángel Rodríguez habría difundido en un chat las identidades y una fotografía de ambos periodistas. En aquellos mensajes, habría explicado que los dos redactores estaban "acosando a vecinos" y a "menores". Sin embargo, en base a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la información obtenida por los agentes tendría un carácter reservado y debería haber estado sujeta a un deber de sigilo. También citados los agentes Ahora, la instrucción judicial busca determinar el canal por el cual datos obtenidos por la unidad de la Policía Nacional habrían acabado en manos de un cargo político. También pretende esclarecer si esa transmisión y posterior difusión constituyen una infracción penal. Además, el propio jefe de gabinete de la líder regional, en una entrevista concedida al diario El Mundo en 2024, admitió haber desvelado la identidad de los reporteros a un grupo reducido de personas. En aquel momento, justificó su acción bajo la premisa de que no estaban ejerciendo su labor profesional de forma ética. No obstante, la justicia considera "pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué" llegaron los datos al querellado. Asimismo, como parte de las diligencias, la jueza solicitó ayer a la Policía Nacional que identifique formalmente a los agentes que realizaron la identificación de los periodistas, con el fin de trazar el recorrido de la información. Además de la declaración de Rodríguez como investigado, el juzgado citó para la misma jornada a los dos periodistas perjudicados y a un testigo adicional.