Diario de León

El plan anticrisis movilizará 5.000 millones en ayudas y rebajas fiscales

El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 % y del impuesto especial de hidrocarburos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la comparecencia este viernes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la comparecencia este viernes.javier lizón

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Agencias

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Pedro Sánchez ha presentado este viernes un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio, que movilizará 5.000 millones de euros, principalmente a través de rebajas fiscales a la electricidad, el gas y los carburantes, entrará en vigor «hoy mismo» y va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas.

El Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio ha estado marcado por las discrepancias dentro del Gobierno respecto al contenido del paquete de medidas, que ha llevado a los ministros de Sumar a forzar un retraso de más de dos horas en la reunión para reabrir la negociación. Finalmente, Sumar ha logrado incorporar dos de sus exigencias: una congelación de los precios del alquiler —según la formación liderada por Yolanda Díaz, durante dos años-, que irá en un real decreto ley propio, y un mayor control de los márgenes empresariales, que irá en el real decreto ley que engloba todo el paquete anticrisis. El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10% y del impuesto especial de hidrocarburos «hasta el mínimo que permite la Unión Europea», lo que supondrá un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros por depósito por coche medio. Los impuestos de la electricidad bajan en un 60%: el IVA pasa del tipo general al reducido (10 %), se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica —del 7 %, que pagan las empresas— y se reduce el impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11 % al 0,5 %. Además, el IVA del gas natural, los pellets y la leña baja al 10 %, al tiempo que se congelan los precios del butano y el propano y se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas. A esto se añade la extensión a todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se aumenta la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y se prohíbe el corte de suministros básicos a hogares vulnerables. También se incorpora una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. El eje estructural del paquete prevé deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor —que se suman a la recuperación de la bonificación por compra de vehículos eléctricos-, así como ayudas para la climatización de edificios o un refuerzo del autoconsumo.

El PP no apoyará vivienda

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán «en profundidad» para decidir su voto. El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, «el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, «el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: «Bienvenido a la 'fachosfera'».

Sumar aprieta hasta el último minuto

Es casi seguro que no servirá de nada. Al ala socialista del Gobierno le preocupa más lo que pueda hacer Junts que un enfado de Sumar. Pero si algo se puede decir del socio minoritario del Ejecutivo es que ha dado la batalla hasta el final. Este jueves no fue la portavoz parlamentaria, sino dos ministros, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, quienes exigieron públicamente que el plan anticrisis por Irán que este viernes aprobará un Consejo de Ministros extraordinario incluya la prórroga automática de los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que afectan, según sus cálculos, a 1,6 millones de personas. El ministro de Derechos Sociales argumentó que la prórroga es una «deuda» del Gobierno con los inquilinos y remarcó, frente a los miedos de los socialistas, que durante la crisis del Covid ya se adoptó esa misma medida con los votos del PNV —que el miércoles advirtió al Ejecutivo de que no «se la juegue» con medidas «ideológicas"— y también de la formación de Carles Puigdemont. Bustinduy echó en cara además al PSOE que no haya respondido aún a una pregunta esencial: si, al margen de cuál sea la posición de otros grupos, está o no a favor de prorrogar esos contratos. El problema con el que tiene que lidiar Sumar es que el PSOE sabe que ignorar sus demandas no tendrá penalización evidente porque ni va a dejar el Ejecutivo ni va a votar en contra del real decreto ley cuando el próximo jueves llegue a la Cámara. La experiencia, pasada y reciente, dice que Junts sí sería capaz de hacerlo. Al grupo posconvergente no le dolieron prendas en tumbar el real decreto ley.
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