Consumo envía cartas a grandes caseros para pedirles que acepten prórrogas de alquiler

"El inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler al término del mismo por periodos anuales y hasta un máximo de dos años, siempre que expire entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027". Con este aviso, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha dirigido este lunes a 13 inmobiliarias y fondos de inversión -entre ellos Blackstone, CaixaBank o CBRE Investment Management- que gestionan en torno a 100.000 viviendas.

El aviso, remitido a través de la Dirección General de Consumo, tiene como objetivo subrayar la obligación de aplicar el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Esta norma, impulsada en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno ante el impacto económico de la guerra en Irán, introduce cambios directos en los contratos de alquiler de vivienda habitual.

En concreto, la regulación habilita a los arrendatarios a solicitar una ampliación extraordinaria de sus contratos cuando estos finalicen dentro del periodo fijado. Dicha extensión podrá aplicarse por anualidades y hasta un máximo de dos años, manteniendo las condiciones originales. Según recalca el Ministerio, se trata de un derecho del inquilino que el propietario está obligado a aceptar.

Desde Consumo también se ha pedido a las compañías afectadas que extremen la diligencia y ajusten sus mecanismos internos para garantizar la aplicación inmediata de estas medidas.

Un millón de contratos afectados La intervención llega en un momento especialmente delicado para el mercado del alquiler. Más de un millón de contratos firmados durante la pandemia -1.037.603 en total- caducarán antes de que acabe 2027, afectando a cerca de 2,7 millones de personas. La mayoría se suscribieron en un contexto de precios más bajos, lo que convierte su renovación en un punto crítico para muchos hogares.

Las previsiones apuntan a subidas significativas. Mientras que las estimaciones del sector sitúan los incrementos entre el 10% y el 20%, el propio Gobierno advierte de que en determinadas zonas la actualización podría acercarse al 50%. En esos casos, el encarecimiento podría forzar a muchas familias a abandonar su vivienda habitual.

El fenómeno tiene un alcance territorial amplio, aunque con mayor intensidad en comunidades como Madrid -con más de 224.000 contratos afectados-, seguida de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La acumulación de vencimientos en estos territorios amenaza con aumentar aún más la presión sobre los precios.

Para amortiguar este impacto, el decreto combina dos herramientas: por un lado, la extensión de los contratos y, por otro, la limitación de las subidas. En este sentido, desvincula la actualización del alquiler del IPC y fija un tope general del 2% durante el periodo de prórroga.

El Ejecutivo ha intensificado en los últimos días sus llamamientos a los inquilinos que cumplan los requisitos para que soliciten cuanto antes la prórroga de sus contratos, aprovechando el margen previo a la convalidación del decreto en el Congreso. Tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como el ministro Pablo Bustinduy han defendido que esta medida puede evitar el desplazamiento forzoso de miles de hogares.

La aprobación del texto se produjo en un Consejo de Ministros extraordinario marcado por la tensión entre los socios de coalición, que presionaron para incluir esta prórroga en la regulación. Aunque ya está en vigor, su continuidad dependerá del respaldo del Congreso en las próximas semanas.