Koldo y Kitchen: los tribunales cercan por la corrupción a los dos grandes partidos
Los juicios en el TS y la Audiencia sientan en el banquillo a dos exministros, uno del PSOE y otro del PP. Ábalos y Jorge Fernández Díaz se sientan en el banquillo y se enfrentan a 24 y 15 años respectivamente
Las procesiones, las playas y el buen tiempo dan el relevo este lunes a la política tras la minitregua de Semana Santa, pero también a los tribunales, a los que muchos dirigirán su mirada porque esta semana comienzan los juicios del caso Koldo y de la Kitchen, que sientan en el banquillo a dos exministros, uno del PSOE y otro del PP.
Este lunes comienza la vista oral contra la cúpula de Interior en el Gobierno de Rajoy por el espionaje ilegal al extesorero popular entre 2013 y 2015. La Audiencia Nacional juzgará la presunta operación de espionaje conocida como ‘Kitchen’ (cocina) que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la corrupción. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los 10 acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. «Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia», explica.
Anticorrupción detalla que la misma estaba «dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en el ‘caso Gürtel’ que investigaba la Audiencia Nacional. «Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5», añade el Ministerio Fiscal.
El martes, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito. Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro —desde junio de 2018— para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario. Todo ello, a su juicio, con «ánimo de enriquecimiento».
En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres «acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Y destaca que eran «apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios» de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
Al hilo, el fiscal incide en que la presunta organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo», ya que «estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas.