El PP denuncia el "uso partidista" de la Policía para proteger a tertulianos afines mientras las víctimas de violencia de género carecen de escolta
La moción presentada por el PP exige transparencia total en los criterios de asignación de protección oficial y una reorientación de los recursos hacia las víctimas reales
Miembros del PP en el Senado.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción de interpelación en la que exige al Gobierno el cese inmediato del "uso partidista" de los recursos de seguridad del Estado. La formación denuncia que el Ministerio del Interior asigna protección oficial a tertulianos afines al Ejecutivo mientras cientos de mujeres en riesgo extremo por violencia de género carecen de escolta física.
La iniciativa, defendida por las senadoras Nidia Arévalo y Asunción Mayo, pone el foco en lo que califican como un "escándalo institucional": la asignación de seguridad policial —procedente del área de testigos protegidos— a una colaboradora mediática cercana al PSOE, a pesar de que la justicia descartó la existencia de un riesgo objetivo para su integridad.
"Escoltas para el socialismo, desprotección para las víctimas"
Durante su intervención, Nidia Arévalo calificó de "hipocresía" la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es un escándalo que una agitadora mediática tenga escolta a medida y las mujeres en riesgo real no tengan protección mínima", afirmó, subrayando la situación de vulnerabilidad de las mujeres con órdenes de alejamiento que no cuentan con seguimiento efectivo.
Arévalo recordó las quejas de sindicatos policiales como JUPOL, que han denunciado de forma reiterada la falta de medios humanos y técnicos en las unidades de VioGén. Asimismo, mencionó el llamado 'Caso DAO', donde la desconfianza en los canales internos de la Policía Nacional obligó a una víctima a recurrir a la Guardia Civil para custodiar pruebas.
Críticas a la inversión
Por su parte, la senadora por León, Asunción Mayo, centró sus críticas en la eficiencia del gasto público y el aumento de la criminalidad sexual. Mayo denunció que, desde la llegada de Sánchez al poder, los delitos contra la libertad sexual han pasado de 13.782 en 2018 a 22.846 en 2024, lo que supone un incremento de 9.000 delitos anuales.
"Ustedes sueltan violadores y se gastan el dinero en pisazos", espetó Mayo, en alusión a los gastos en viviendas oficiales para altos cargos como Óscar Puente e Iván Redondo.
La senadora también destacó el retroceso de España en los índices de seguridad femenina, asegurando que el país ha caído del 5º al 25º puesto a nivel mundial. Según el PP, el Gobierno ha destinado 1,5 millones de euros a "folletos y cursillos" mientras las agresiones sexuales han subido un 65%.
Compromiso de reversión
La moción presentada por el PP exige transparencia total en los criterios de asignación de protección oficial y una reorientación de los recursos hacia las víctimas reales. El Partido Popular concluyó asegurando que revertirá esta situación cuando llegue al Gobierno, implementando medidas "eficaces y reales" para frenar lo que consideran un "feminismo de fachada" que ha "ultrajado" a las mujeres.