PP y Vox se reúnen durante seis horas en un intento de cerrar un pacto en Extremadura
Vox judicializa con 36 querellas su pulso contra los disidentes
La presidenta en funciones María Guardiola durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, que convalida el decreto-ley acordado por PP y Vox, que modifica la Ley Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos, con el fin de evitar la parálisis de la Administración regional.
PP y Vox han mostrado su satisfacción por el avance de la negociación para formar gobierno en Extremadura y han asegurado que confían en «resolver pronto» los asuntos pendientes en ella, tras una nueva reunión este viernes en Mérida de sus representantes de unas seis horas de duración. Todo ello con el fin de alcanzar «el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita", han señalado tanto PP como Vox en un comunicado consensuado y remitido por cada una de las formaciones.
Ambos partidos aseguran que «continúan acercando posturas» con una nueva reunión centrada en «materializar, lo antes posible, el acuerdo de gobierno» en la región. Según PP y Vox, los líderes de ambas formaciones en esta comunidad han encabezado esta mañana la reunión de trabajo en Mérida y aseguran que las conversaciones «se encuentran en una fase avanzada».
Así, han destacado el «clima de colaboración y responsabilidad» y que tanto PP como Vox «están centrándose en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables».
Mientras, Vox judicializa con 36 querellas su pulso contra los disidentes y medios de comunicación. El vicepresidente de Vox y cabeza visible en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que desde su organización política han presentado «más de 36 querellas por difamación» contra los disidentes y medios de comunicación. Respondía así en una entrevista en RNE en la que le preguntaban sobre las acusaciones que han lanzando recientemente algunos de los dirigentes políticos que han sido expulsados de la formación recientemente, como Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo.
Frente a las acusaciones que han ido lanzando los críticos del partido de la derecha radical, desde Vox han presentado más de una treintena de querellas, entre las que hay varias por difamación, de las que están pendientes de "cómo vayan avanzando", y distintos actos de conciliación, que, según exponen fuentes de la formación, "vienen siempre después de la presentación de nuestro escrito". Garriga, por su parte, ha tratado de desautorizar las acusaciones que han ido lanzando los disidentes del partido, al asegurar que a día de hoy, Vox "es el único partido político que tiene 0 casos de corrupción, que tiene 0 casos de investigación tanto de líderes como de sus cuentas".
Esta estrategia jurídica no se limita únicamente al ámbito mediático o a la disidencia interna, sino que se extiende a otros adversarios políticos y perfiles activos en el mundo digital. Según han detallado fuentes de Vox, entre los objetivos de estas acciones legales figuran nombres como el de Joan Baldoví, los exdirigentes de Podemos Pablo Iglesias y Pablo Echenique, el periodista Fonsi Loaiza o el creador de contenido Rubio Donzé. A esta lista se suman diversas cuentas de redes sociales cuyas identidades la formación prefiere no hacer públicas por el momento al encontrarse bajo investigación judicial. Se trata de un movimiento con el que el partido busca atajar lo que consideran ataques sistemáticos a su reputación desde distintas plataformas y sectores ideológicos.
El líder del partido en Cataluña ha cargado, en este sentido, contra el PP -a quien acusan de estar detrás de las denuncias que ha hecho la vieja guardia de Vox recientemente- y el PSOE. Ha defendido que "son dos partidos de la misma moneda, es decir, partidos corruptos, con casos de corrupción". Por ello, ha postulado a Vox como la formación que "aspira a ser la alternativa política, tiene 0 casos de corrupción, pero muchos interesados en meternos en el mismo saco". Ha dicho que "no lo van a conseguir porque nuestras cuentas son claras, están auditadas". "No solo venimos a cambiar la política sino a acabar con las malas prácticas de la política", ha añadido.
Entre las acciones legales que ya han trascendido se encuentran las querellas por injurias y calumnias interpuestas contra medios como El Plural y The Objective, así como contra periodistas específicos como José María Garrido, a raíz de la publicación de informaciones y audios sobre la organización juvenil Revuelta y la gestión de fondos para los afectados por la dana. Asimismo, la ofensiva judicial también apunta al entorno de los disidentes internos que suscribieron el manifiesto exigiendo un congreso extraordinario; un pulso que tiene su origen en las críticas de figuras de peso como Iván Espinosa de los Monteros -actualmente con un expediente de expulsión abierto-, Javier Ortega Smith o Inés Cañizares, quienes han cuestionado públicamente la falta de democracia interna y la opacidad en las transferencias de fondos hacia la Fundación Disenso.