Peinado aprieta para llevar a Begoña Gómez a juicio dos años después

Dos años después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pusiera en marcha la maquinaria procesal, la causa abierta a Begoña Gómez se encuentra en una encrucijada. Lo que comenzó como una investigación basada en noticias de prensa es hoy una causa ramificada, con cinco delitos sobre la mesa y un pulso feroz por los tiempos procesales. El epicentro de esta batalla jurídica no se libra solo en el Código Penal, sino en el calendario: el magistrado Juan Carlos Peinado cumple la edad de jubilación forzosa de 72 años en septiembre. Esta fecha ha impreso en las últimas semanas un ritmo endiablado a una instrucción en la que el juez intenta acelerar para dictar el auto de apertura de juicio oral, mientras las defensas despliegan con toda su fuerza una estrategia dilatoria para que sea otro instructor —quizá con menos empeño— quien herede la causa. El origen de este periplo judicial —con continuos golpes de timón de un magistrado al que acusan de forma recurrente de llevar a cabo una causa prospectiva, pero que en lo mollar ha recibido en aval de la Audiencia de Madrid— se sitúa el 16 de abril de 2024, cuando Peinado admitió a trámite la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquel movimiento desencadenó una crisis institucional inédita, con el anuncio de los «cinco días de reflexión» de Pedro Sánchez aquel 24 de abril de hace dos años. A partir de ahí, la causa ha navegado entre informes contradictorios, correcciones de la instancia superior a distintas decisiones del instructor y la radical oposición de Fiscalía y Abogacía del Estado a que se investigue nada. Ya en mayo de 2024, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo por falta de indicios, basándose en un informe de la UCO en el que el Ministerio Público no apreció irregularidades. La Audiencia Provincial, en un hito clave, avaló la investigación del magistrado el 29 de mayo de 2024. Desde entonces, el órgano superior ha amparado de forma invariable el fondo de las pesquisas del controvertido juez. Eso sí, le han ‘tirado de las orejas’ de forma constante mediante correcciones por su forma más que heterodoxa de instruir y por su incorregible tendencia a no argumentar sus decisiones, provocando indefensión a los acusados. Aquel aval inaugural permitió al instructor citar a Begoña Gómez como investigada por primera vez, abriendo la puerta a un verano de 2024 especialmente movido: tras una comparecencia suspendida por defectos de forma el 5 de julio, Gómez acudió de nuevo el 19 aunque solo para acogerse a su derecho a no declarar. Ese mismo día, el empresario Juan Carlos Barrabés pasó de testigo a investigado, convirtiéndose en uno de los tres pilares que hoy sostienen los encausamientos, junto a Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, tras haberse quedado por el camino otras imputaciones revocadas por la Audiencia. El proceso alcanzó su cénit el 30 de julio de hace dos años, cuando Sánchez se acogió también a su derecho a no declarar contra su esposa en el propio Palacio de la Moncloa. Aquella jornada derivó en una guerra de querellas por prevaricación contra el juez, presentadas por la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado en nombre del propio presidente, que finalmente fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Madrid en octubre. Ese archivo dio todavía más alas a Peinado y la instrucción siguió sumando delitos. En 2024, el magistrado amplió la investigación a la presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un ‘software’ de la Complutense. Y, en un nuevo volantazo inesperado, el togado inauguró 2025 desplazando el foco a la presunta utilización de recursos públicos de Moncloa para la cátedra de Begoña Gómez. La asesora de la mujer de Sánchez, la citada Cristina Álvarez, pasó de testigo a investigada. Con este quinto delito —que se suma al tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo-, el magistrado dio otro paso que volvió a sacudir el tablero: el pasado 24 de septiembre propuso que el caso fuera enjuiciado por un jurado popular.

El epicentro de esta batalla jurídica no se libra solo en el Código Penal, sino en el calendario: el magistrado cumple 72 años en septiembre