El 40% de peticiones a Transparencia se reclaman por opacidad oficial

En julio de 2018 un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior los contratos de publicidad institucional entre 2013 y 2017. No obtuvo respuesta. Dos años después, en septiembre de 2020, otro reclamó al Ministerio de Cultura y Deporte el desglose de los 1,7 millones en subvenciones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tenía pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019. No obtuvo respuesta. El 25 de junio de 2025, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno recibió una petición para conocer el número de asesores adscritos a la misma y sus retribuciones. No contestó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la autoridad independiente que vela por el acceso a la información pública, recibió entre 2015 y 2025, su primera década de funcionamiento, más de 10.000 reclamaciones. Casi cuatro de cada diez —el 38%— tuvieron como detonante el silencio administrativo; o lo que es lo mismo, la callada por respuesta. En el resto de los casos sí la hubo, pero no resultó suficiente para los peticionarios. La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró en vigor a finales de 2014. Desde entonces, se han contabilizado 94.693 solicitudes de información a la Administración General del Estado. Sean admitidas o no, si el peticionario no está conforme con la respuesta, puede reclamar. Y es aquí es donde entra en juego el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en esta década ha cursado 10.818 reclamaciones. Los datos de estos diez años evidencian una creciente concienciación sobre ese trabajo de garantía de la información pública: Si el CTBG tramitó 312 expedientes en su origen, en 2025 fueron 1.563. Pero lo que el análisis revela es que el mutismo de las distintas administraciones requeridas, lejos de mitigarse con esa sensibilización ciudadana, ha aumentado. En los primeros años, el silencio administrativo representaba en torno al 25% de los casos anuales. A partir de 2018, siempre se ha situado por encima del 33%. Y en 2020 —el año marcado por el estallido de la pandemia— y 2025, este porcentaje aumentó hasta el 45,9% y el 45,6% respectivamente. La respuesta parcial —en gran parte, por tratarse de «información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración"— constituye el segundo motivo de reclamación con el 18,5% de las objeciones ciudadanas. En tres ejercicios distintos —2015, 2016 y 2022-, rozó o llegó al 30%. El Consejo admite a trámite, inadmite o archiva las reclamaciones que le llegan. Y las admitidas pueden ser estimadas —esto es, las que obligan a la administración a entregar la información-, desestimadas o suspendidas. Las avaladas representan el 53,6% de todas las resoluciones. Y dentro de ellas, el porcentaje de reclamaciones por silencio administrativo asciende al 43,4%. Un año tan reciente como 2025 vuelve a ser el más negativo, con el 53,2% de las solicitudes informativas desatendidas por la Administración.

Ejemplos de desestimación

Entre las peticiones no estimadas, el silencio también adquiere un peso importante: el 31,75% de esas resoluciones tiene su origen en la falta de respuesta. A modo de ejemplo relevante, el Consejo desestimó una reclamación por silencio administrativo sobre la adopción de medidas de seguridad para la mujer del Presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 19 de julio, cuando Begoña Gómez estaba citada por el magistrado Juan Carlos Peinado en la causa que la afecta. El organismo también inadmitió otra reclamación que había quedado sin respuesta y que pedía la retirada inmediata de unas esteladas independentistas en un pueblo de Cataluña en 2017, el año crítico de 'procés'. El ministerio que peor balance ofrece por sus silencios es el de Transformación Digital y Función Pública, hoy dirigido por Óscar López: un 67,7%.

A partir de 2018, siempre se ha situado por encima del 33%. Y en 2020 y 2025, este porcentaje aumentó hasta el 45,9% y el 45,6% respectivamente