Vox amenaza con consecuencias si el PP no acata y vota sí a «la proridad nacional»

Vox someterá esta semana a votación del Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno a derogar los decretos que incluyen la regularización de inmigrantes acordada el pasado martes por el Consejo de Ministros y el que refuerza la universalidad en el acceso a la sanidad pública, al tiempo que le exige que repatríe aquellos inmigrantes que se encuentran de forma «ilegal» en España. Fuerza así al PP a pronunciarse de manera abierta.

"El acuerdo se va a cumplir». Así reafirmó ayer la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, su compromiso con la «prioridad nacional» en el acceso a servicios sociales pactada con el PP en Extremadura, a pesar de lo que considera «trabas» y un «boicot» por parte de la dirección nacional del partido, que intenta sustituir el concepto por el de «arraigo nacional». Denunció la estrategia de Génova, que considera «extraña» por contradecir a los líderes autonómicos de los populares. Y advirtió de que aunque confían en la «buena fe» de sus socios extremeños, habrá consecuencias si vuelven a incumplir su palabra. Los de Alberto Núñez Feijóo se defienden esgrimiendo su «voluntad de diálogo» y la «coherencia» con lo que pidieron los extremeños .

La firmeza de Millán choca con el giro del PP para evitar el término «prioridad nacional» como excluyente de la población inmigrante, sustituyéndolo por criterios de «arraigo» o «trayectoria de cotización». De hecho, la propia María Guardiola, que ayer pronunció el discurso de investidura ante el Parlamento autonómico, evitó pronunciar esas palabras, aunque defendió que «lo que está firmado es lo que se llevará a cabo». Para la portavoz de Vox, estas cautelas son «trabas» de Alberto Núñez Feijóo. Una sospecha que los de Abascal llevan proyectando todas las negociaciones para llegar al pacto en Extremadura.

El tira y afloja coge fuerza en un momento crítico, con las negociaciones en Aragón y Castilla y León aún sobre la mesa —donde Vox ya advierte que será más exigente en la proporcionalidad— y con la mirada puesta en Andalucía. Según Millán, el intento del PP de «boicotear» lo que Juanma Moreno calificó el domingo como el «lío extremeño» nace del miedo al impacto electoral que puedan tener los acuerdos en las elecciones andaluzas. Y los voxistas interpretan que eso solo sirve para debilitar la alternativa real al PSOE.

Millán justificó la «prioridad nacional» por una «escasez de recursos» y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra «colapsado", defendiendo que sedeben centrar los esfuerzos en «garantizar el pan a los nuestros» —los españoles— ante la imposibilidad de llegar a todo el mundo. Aunque los líderes del PP en Aragón —donde los de Vox vaticinan que podrán lograr más concesiones por tener más «fuerza» que en Extremadura— y Castilla y León marcan distancia, Millán advirtió de que el «espíritu de los acuerdos» de Vox será el mismo.

El concepto de prioridad nacional que defiende Vox, y que se terminará de plasmar cuando se haya constituido el Gobierno extremeño, se traduce en blindar el acceso preferente de los ciudadanos españoles a las prestaciones públicas frente a la población inmigrante (regularizada o no). Esta medida se articularía a través de requisitos de «arraigo real, duradero y verificable» con el territorio para optar a las ayudas. Frente a la polémica generada por este punto, que la izquierda llevará ante los tribunales si es preciso, Juanma Moreno busca encapsular su campaña del escenario extremeño. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, terció escudándose en que su partido «dice lo que dice textual y literalmente el acuerdo» e incidió en que «lo primero es la ley» y «la nación». «Yo creo que eso está claro y se ve reflejado prácticamente en nuestro acuerdo. Somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos", apostilló. Ante la proximidad del 17 de mayo, Moreno redobló su petición de una «mayoría de estabilidad» para no depender de otros partidos, contraponiendo la «prioridad nacional» y el discurso de choque de Vox a un modelo de «sensatez y gestión para todos».

Mientras, el Gobierno asegura que estará «vigilante» para que no vulnere «los artículos 13 y 14 de la Constitución, que garantizan la igualdad", dijo la ministra portavoz, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. Aseguró, además, que el acuerdo «va contra los intereses económicos e industriales de Extremadura» al ir contra el «Pacto Verde».