El juez insiste en que un jurado juzgue a Begoña y rechaza el archivo
Peinado cita a un nuevo testigo: el presidente de la Confederación Nacional de Pymes
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril. En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía. El juez considera que el procedimiento debe recaer en un tribunal de jurado porque el delito de tráfico de influencias se cometería «para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa» y niega que otros delitos imputados, fuera de la ley del jurado, sean más graves. Contra este auto las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya recurrió la Fiscalía el procesamiento acordado por Peinado el pasado 11 de abril. Además, pese a ha finalizado la instrucción, Peinado ha seguido la orden que le dio la Audiencia Provincial y ha citado a un nuevo testigo el próximo 14 de mayo: José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes.
Imprescindible
La acusación popular unificada pidió citarle al considerar su testimonio imprescindible para determinar la implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y la Audiencia Provincial le dio la razón en un auto posterior al dictado por Peinado para procesar a Begoña Gómez. El futuro del procedimiento, con el que el juez quiere dilucidar si Gómez habría aprovechado «su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional», está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Será esta instancia, que debe resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía, la que decidirá si se enjuician o no las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con Barrabés o el presunto uso de su asesora pública para actividades privadas.