El PP anuncia un plan antinarco para proteger a la Guardia Civil

Para el Partido Popular, la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en las costas de Huelva en una operación contra el narcotráfico no es «una fatalidad aislada» sino la prueba fehaciente de que dos años después de la tragedia de Barbate, cuando otros dos agentes fallecieron mientras perseguían a una narcolancha en el puerto de esa localidad gaditana, la situación en la zona del Estrecho de Gibraltar «no ha mejorado».

«La Guardia Civil necesita un respaldo real. Una estrategia sostenida contra el crimen organizado», afirmó el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, en la rueda de prensa habitual de los lunes tras el comité de dirección.

El dirigente vasco regresó a la sala de prensa de Génova diez meses después de que anunciara desde ese mismo lugar que padecía un cáncer que lo alejaría momentáneamente de la primer fila de la política y lo hizo denunciando que faltan medios materiales y humanos, protección jurídica y estrategia sostenida contra el crimen organizado. Unas carencias que los populares se comprometen a cubrir con el plan contra el narcotráfico que impulsarán una vez que Alberto Núñez Feijóo llegue al Ejecutivo con propuestas pactadas con los sindicatos policiales y expertos en seguridad.

Entre las medidas que pondrán en marcha está la recuperación de la unidad de élite OCON-sur, desmantelada en 2022 cuando «funcionaba», denuncian desde Génova, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que fue creada cuatro años antes para coordinar e intensificar la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Andalucía, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar y su entorno.

Los conservadores pretenden también dotar al servicio marítimo de medios no letales para neutralizar las narcolanchas y que el crimen organizado en el Estrecho se juzgue en la Audiencia Nacional y no en los juzgados locales para evitar amenazas a los jueces y a sus familias. Abordarán un endurecimiento del Código Penal para incrementar las penas de los delitos de esta naturaleza a través de una reforma que, recuerdan, lleva «69 semanas congelada en el Congreso» tras aprobarse como proposición de ley en el Senado.

Semper avanzó que buscarán reforzar «la protección jurídica y personal» de los funcionarios de prisiones y el Campo de Gibraltar y que toda la costa andaluza será declarada zona de especial singularidad, una hoja de ruta que el presidente Juanma Moreno «lleva años reclamando» al Ejecutivo central. Además, los guardias civiles del Estrecho tendrán la consideración de profesión de riesgo como también reclama Vox.

La formación de Abascal volverá a registrar en la Cámara baja una proposición no de ley que ya presentaron en 2024 para que el Gobierno reconozca las profesiones de guardia civil y policía como de riesgo, y que fue aprobada en la Comisión de Interior. Un catálogo de medidas que, según el portavoz nacional del PP, «deberían unir a todos» los partidos indistintamente del color, porque «no responden a un eje ideológico».

"No han pedido perdón por Barbate"

Semper confirmó que su formación solicitará también la comparecencia de Grande-Marlaska en el Congreso por el «asesinato» de los dos guardias civiles de Huelva. Los populares se han mostrado muy críticos con la ausencia del ministro del Interior o del presidente del Gobierno en la despedida de los agentes el sábado en la capital onubense, que califican de «especialmente dolorosa» y que el propio Feijóo reprochó la víspera en un mitin en Málaga junto al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

El líder conservador, que trasladó las condolencia de su partido a las familias de los fallecidos, defendió que los agentes que protegen a los ciudadanos no solo merecen todo el honor, sino «las mejores condiciones para desempeñar su trabajo y los mayores recursos para defender nuestras vidas y sus vidas».

En el PP urgen al Gobierno a actuar con urgencia para acabar con la «espiral de violencia» en la zona del Estrecho y le reprochan que dos años después desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate aún nadie haya «perdido perdón ni se haya hecho cargo».