Los tribunales castigan duro tramas de hidrocarburos como la de Aldama
El TS y la Audiencia han impuesto penas de hasta 19 años de prisión y multas de 414 millones
El comisionista Víctor de Aldama.
Víctor de Aldama, corruptor confeso del 'caso Koldo' y azote del Gobierno, espera la sentencia de las mascarillas en el Tribunal Supremo, por la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama siete años de prisión, con un ojo puesto en otros dos procedimientos penales. Por un lado, su implicación en la parte central de este sumario, que se instruye en un juzgado de la Audiencia Nacional. Del otro, la investigación en la causa abierta en otro órgano de este tribunal que investiga un fraude millonario con hidrocarburos.
Se trata del mismo sumario por el que Aldama entró en prisión preventiva tras su detención en noviembre de 2024, pero su confesión en la causa de las mascarillas, incriminado al exministro socialista José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, le permitió salir de la cárcel a petición de la Fiscalía especial dirigida por Alejandro Luzón. Ello, pese a que el comisionista sigue guardando silencio por los hidrocarburos, cuya investigación policial cifra ya en 231 millones de euros el agujero ocasionado a las arcas del Estado.
El horizonte procesal de Aldama se presenta en este caso tan oscuro como el carburante que permitió a la operadora Villafuel, sociedad administrada por su amigo Claudio Rivas, acceder a la licencia ministerial de explotación en 2022. Una puerta de entrada que les permitió tejer un entramado mercantil para, presuntamente, defraudar al fisco, blanquear capitales, falsear documentos y convivir como una organización criminal, según sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en estas diligencias. En el caso de Aldama, quien fuera presidente del Zamora Club de Fútbol, aportando su red de testaferros a la trama de Rivas para desviar los beneficios ilícitos obtenidos y reingresarlos al mercado legal a través de inversiones inmobiliarias, compras de bienes de lujo o adquisición de activos como criptomonedas. Por el camino, la UCO busca en Portugal —país fetiche del «nexo corruptor» del 'caso Koldo'-, Macao (China) o Colombia el destino de los 73,9 millones del fraude fiscal que de momento no han aparecido.
Mientras continúa la instrucción de este procedimiento, en la Audiencia Nacional se tramitan en la actualidad otra media docena de causas del mismo perfil, cuyo montante presuntamente estafado a la Hacienda Pública supera ya los 1.000 millones. Las primeras sentencias sobre estas tramas se han mostrado bastantes contundentes. Hasta la fecha se han dictado tres fallos, dos en la Audiencia Nacional y otro ya firme en el Tribunal Supremo, y se han confirmado penas de prisión de hasta 19 años y medio y multas por valor de 414 millones.
El primer caso finiquitado afectó al Grupo Petromiralles por actividades delictivas llevadas a cabo entre 2011 y 2013. Siguiendo el espejo de conductas similares en Italia, la sociedad y su administrador, José María Torrens, fueron condenados a abonar 213 millones. En su caso, el Supremo rebajó el castigo del principal acusado a siete años de cárcel al estimar que no cometió blanqueo de capitales. En noviembre pasado, la Audiencia Nacional también condenó en primera instancia a 14 acusados a penas de hasta 19 años y medio de prisión por integrar una trama a través de la mercantil Hafesa. Su administrador es Alejandro Hamlyn, procesado en rebeldía y huido en Emiratos Árabes Unidos días después de que el tribunal presidido por Javier Ballesteros le concediera un permiso antes del juicio y ya no volviera. Hamlyn, cliente de José Antonio Choclán, el mismo abogado de Aldama, vio como la Sala consideró probado que sus socios integraron una trama para no abonar 140 millones en el impuesto del IVA.
Uno de los condenados fue el director general de la compañía, José Norberto Uzal, quien hasta 2013 fue alto cargo de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo. Los jueces determinaron la comisión de delitos fiscales en los ejercicios 2016-2019, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Hafesa es un holding dedicado a la comercialización de productos petrolíferos al por mayor que diseñó un plan para evitar el pago de impuestos en las diferentes fases del proceso de comercialización del carburante. En concreto, incorporaron el IVA repercutido al patrimonio de sus empresas, consiguiendo un mayor beneficio además de «distorsionar» el mercado más bajos.
Finalmente, propuesto para juzgar se encuentra otro procedimiento con 22 acusados, entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, por haber defraudado supuestamente entre 2016 y 2018 una cantidad superior a los 70 millones a través de la mercantil SKT OIL. Esta sociedad habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas o inexistentes. Para canalizar los beneficios ilícitos obtenidos y reintegrarlos en el circuito económico adquirieron diversos inmuebles, entre ellos propiedades en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1,6 millones y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por esa misma cantidad y vendido en 2022 por 2,7 millones.