La UCO cogió de Ferraz protocolos sobre quién autorizó los pagos a las ‘cloacas'

Era uno de los objetivos fundamentales de los agentes del teniente coronel Antonio Balas en el «requerimiento de información» en la sede de Ferraz que se extendió hasta ya entrada la noche del miércoles, como si de un registro de los de toda la vida se tratara: hacerse con los programas de 'compliance', los protocolos de prevención de delitos y control interno de una organización. El objetivo, sobre todo, era saber quién es el responsable último en autorizar la confección de facturas falsas por trabajos simulados para, supuestamente, financiar la trama dedicada a tratar de malbaratar las investigaciones judiciales y policiales que acosan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirieron este miércoles al PSOE sus controles internos de gasto, los libros contables de 2024 y 2025 y la identidad de todos los cargos que intervinieron en los pagos investigados para determinar quién autorizó las facturas con las que supuestamente se financió la red de Leire Díez, la 'fontanera'. La diligencia no se limitó a pedir las facturas presuntamente falsas. Los agentes, durante su larga estancia en la sede socialista, exigieron a los que trabajadores que allí estaban todos los documentos para tratar de reconstruir el recorrido completo de cada pago: quién encargó los trabajos, qué órgano del partido los aprobó, quién verificó su prestación, qué concepto se usó para justificarlo y qué responsable autorizó finalmente el abono. De hecho, la resolución firmada por el juez Santiago Pedraz ordenaba al PSOE entregar el «procedimiento interno establecido en el partido político» para la «autorización de gastos y la realización de pagos». El mandamiento que blandieron los funcionarios del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO exigía también la «identificación de todas las personas que intervienen en el proceso» de validación de las facturas, con detalle de su «dependencia jerárquica» y de las «funciones asignadas». Esa petición apunta directamente al corazón administrativo de Ferraz, porque permite a la UCO seguir la cadena de mando que validó los pagos atribuidos a la estructura de Díez y comprobar si se trató de trámites ordinarios o de una operativa diseñada para ocultar la finalidad real de los fondos. El auto sitúa en ese punto a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, a la que atribuye una «indiciaria responsabilidad", al menos como «cómplice» de los delitos investigados y, en todo caso, como posible autora de un delito de falsedad documental por la emisión de «facturas mendaces». Para Pedraz, esas facturas pudieron servir para dar cobertura formal a pagos destinados a una trama que buscaba desacreditar investigaciones que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.