De la fontanera a una trama criminal
Pedro Sánchez junto a Amaia Romero en el Primavera Sound.
Un año. Este es el lapso transcurrido entre la difusión sin autorización de una grabación en un despacho de abogados de Madrid (mayo de 2025) y el destape judicial de una causa que arraiga en el corazón financiero del PSOE y salpica con virulencia a cuerpos del Estado como la Guardia Civil. Dos episodios con una protagonista común: Leire Díez, la exmilitante socialista de origen vasco que medró en el partido en Cantabria hasta dar el salto a empresas públicas como Enusa y Correos bajo el paraguas del Gobierno. Una persona que se presentó al público como una investigadora de las tramas de hidrocarburos y que, conforme pasaron los meses, admitió haber asesorado a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, contra las campañas de desinformación. La misma mujer a la que ahora, implicada de lleno en el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la UCO sitúa en la «dirección ejecutiva» de una presunta trama para «desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Tras la difusión de una grabación en un despacho de abogados se activa la maquinaria procesal y comienzan a presentarse denuncias en los juzgados de Madrid por parte de acusaciones populares ya personadas otras causas contra el Ejecutivo: Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa, PP, Vox y diversos colectivos de la Guardia Civil. Arturo Zamarriego, instructor del Juzgado número 9, abre causa a Leire Díez, a Dolset y al periodista Pere Rusiñol por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez Pedraz ordenó la detención de Leire Díez en el llamado ‘caso SEPI’ junto a Vicente Fernández, expresidente de la sociedad pública, y del empresario Antxon Alonso, vinculado a Cerdán e investigado en el ‘caso Koldo’. Están acusados por la UCO de concertarse para cobrar presuntas mordidas a cambio de influir en decisiones de la SEPI en plena pandemia. A Díez le intervinieron su teléfono y sus dispositivos telemáticos. Solo ocho días después, Pedraz abrió otra causa —la número 150/2025-, impulsada por la unidad de Antonio Balas y por la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón. Durante cinco meses dos juzgados diferentes han estado investigando el mismo asunto, con la misma policía judicial (UCO) y con la víctima de estas supuestas campañas de «desestabilización» (el coronel Balas) dirigiendo ambas pesquisas.