PSOE y PP celebran que funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad compatibilizando "seguridad y reinserción"

Los grupos parlamentarios de PSOE y PP han celebrado el amplio acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la iniciativa legislativa que plantea una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 que reconoce a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, ya que es una medida basada en que "seguridad y reinserción no son conceptos enfrentados".

Durante el debate en el Pleno del dictamen de la proposición de ley, la diputada del PP Ana Vázquez ha reconocido la dificultad de respaldar la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la primera que se aprobó en democracia, a partir del texto registrado por el PSOE.

"No era fácil un acuerdo entre PP, PSOE y PNV, no estamos en el mejor momento de llegar a un acuerdo cuando el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas", ha señalado la diputada del PP.

Vázquez ha justificado su respaldo en la necesidad de "dignificar" a los trabajadores penitenciarios pese a que, en su opinión, el Gobierno desde 2018 está priorizando beneficiar a los presos de ETA e impulsando un "buenismo" con excarcelaciones y terceros grados para internos peligrosos.

La diputada del PP ha sostenido que saben que el Gobierno les ha "utilizado", pero que aún así "se alegran" del acuerdo parlamentario, subrayando que el reconocimiento de agentes de autoridad para funcionarios de prisiones sólo cuenta con el rechazo de ERC, a quien ha acusado de no proteger a Nuria, la funcionaria asesinada en Mas d'Enric (Tarragona), y de EH Bildu, "los herederos de ETA".

La mayoría de grupos se han dirigido a los representantes sindicales presentes en el Congreso para destacar que era un día histórico porque se atendía a una demanda postergada durante varias legislaturas. "No es la victoria de un partido político, esta es la victoria del colectivo profesional que nunca dejó de defender una reivindicación legítima", ha apuntado el diputado del PSOE David Serrada.

El portavoz socialista ha reconocido que hay todavía demandas por atender, pero ha puesto en valor que el Gobierno ha aprobado ya mejoras salariales y laborales. "Gracias a quienes mantenéis la calma cuando aparecen los conflictos, gracias a quienes entendéis que seguridad y reinserción no son conceptos enfrentados", ha apuntado.

La iniciativa legislativa basada en la propuesta planteada por el PSOE, atiende las demandas de los sindicatos para que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.

El PNV ha avisado de retos como los problemas de salud mental de los internos y ha respaldado la reforma porque "no eclipsa la constitucional presunción de inocencia", ni tampoco desatiende la exigencia de "buen hacer y neutralidad" de los funcionarios de prisiones, algo que ha cuestionado ERC, que ha mantenido su 'no' a la iniciativa.

ERC ha sostenido que el PSOE ha cambiado de posición porque "no hace falta" una modificación legislativa para un reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad cuando, según este partido, el artículo 550 del Código Penal "ya cubre estas situaciones y no se incorpora ninguna protección reforzada".

"Su Constitución dice que las penas estarán orientadas a la reinserción social", ha recordado Pilar Vallugera, abogando por una política penitenciaria tanto del Gobierno como de la Generalitat de Cataluña que no se base en el endurecimiento del Código Penal sino en conceptos como el respeto de los derechos humanos y el medio abierto.

Tanto Junts como Vox han respaldado la reforma, pero han anunciado que mantienen vivas sus enmiendas. La formación liderada por Carles Puigdemont ha sostenido que es necesario "reforzar el estatus jurídico" de los funcionarios de prisiones, aunque ha reprochado que el Gobierno no asuma el coste económico y que obligue una vez más a que "Cataluña lo pague".

Vox ha apelado a la memoria de su presidente fundador, José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA, para recordar que la reforma legislativa es "un paso" en la buena dirección, pero "no es la meta", remitiéndose a las 529 agresiones en 2025 que sufrió el colectivo.

"El PSOE ahora viene con prisas y se pone solemne", ha sostenido Vox, relacionando esta propuesta de los socialistas a que está "oliendo" las consecuencias que puede tener investigaciones judiciales como el 'caso Leire Díez'. "En el chabolo no hay Falcon ni llamadas de P.S.", han subrayado.

Desde Sumar también han respaldado el reconocimiento de agentes de la autoridad, apelando a la necesidad de que las comunidades autónomas asuman la sanidad penitenciaria. "Estamos obligados a proteger al funcionario de prisiones, no es un carcelero, es el primer eslabón de la reinserción", ha indicado, recordando la visita del Papa León XIV a la prisión de Brians.

Durante el debate, UPN también ha criticado los "fraudulentos" terceros grados a presos de ETA y Coalición Canaria ha aprovechado para reivindicar que, tras diez años, se actualice la indemnización por residencia para que las islas no tengan déficit de trabajadores penitenciarios.