El TS condena a Ábalos a 24 años en el primer juicio por corrupción de la era Sánchez
El tribunal, que impone cuatro años y medio a De Aldama pero suspende su ingreso en prisión
Víctor de Aldama junto a su abaogado, Álvaro Choclán, ayer, tras conocer la sentencia.
Primera sentencia contra la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez y máxima pena de las posibles para José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes a 24 años y tres meses de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a otros 19 años, ocho meses y un día por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La resolución, de 224 páginas y adoptada por unanimidad de la sala presidida por Andrés Martínez-Arrieta, certifica que los ilícitos cometidos por el exministro y su entorno desde «el ejercicio del poder público y del poder político» que ostentaban poseen un «potencial desestabilizador» y «socavan la arquitectura democrática» del Estado.
En paralelo al castigo aplicado a quien fuera el escudero de Sánchez en el PSOE y en el Gobierno y al colaborador para todo de éste, el alto tribunal impone cuatro años y medio de cárcel al empresario Víctor de Aldama. Pero acuerda, en una decisión también de calado, suspender la ejecución de la pena durante cinco años por la colaboración con la justicia del conseguidor confeso de la trama corrupta. Esa suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir, comparezca semestralmente ante el tribunal para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La condena de Ábalos supera en tres meses los 24 años reclamados por Anticorrupción; la de Koldo queda también por encima de los 19 años y medio solicitados por el Ministerio Público; y la de Aldama se aleja de los siete años que pedía éste.
Los magistrados dan por probado que los tres condenados integraron una organización criminal con vocación de permanencia. Y en ella, cada uno ejercía su papel. Ábalos aportaba el mando político, la influencia ministerial y la autoridad sobre el aparato de Transportes. Koldo, según la sentencia, era «más asistente que asesor» y llegó a ser «la mano derecha» del exministro. Aldama, empresario y conseguidor, localizaba oportunidades de negocio y pagaba para mantener abierta la puerta del ministerio.
No es una condena más, ni siquiera con la amplia cadena que acumula la democracia española. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE entre el 18 de junio de 2017 y el 12 de julio de 2021; ministro de Fomento y luego de Transportes; lugarteniente de Sánchez en la batalla interna que devolvió al actual presidente a la secretaría general socialista; y la voz de los socialistas en la moción de censura que llevó a su líder a La Moncloa. La sentencia subraya precisamente ese doble poder: ministro y secretario de Organización del partido que comandaba el Ejecutivo.
El primer hilo fue el dinero mensual. La sentencia declara probado que los tres convinieron una remuneración de 10.000 euros al mes para atender los «gastos fijos» de Ábalos. Aldama la pagó desde octubre de 2019 hasta junio de 2022, primero a Koldo y después a su hermano Joseba. La Sala acuerda el decomiso de 430.298 euros de ganancias procedentes del cohecho: 340.000 euros por esos pagos mensuales, 82.295 euros por el alquiler de la vivienda de Plaza de España en que residió Jésica Rodríguez y 8.000 euros por el chalé de Marbella.
El golpe central de la sentencia está en las mascarillas. En plena pandemia, los tres acusados, «de mutuo acuerdo» y en «coordinada actuación», utilizaron su ascendencia para que Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro a Puertos del Estado y Adif. Fueron 13 millones de tapabocas en dos organismos dependientes del propio Ministerio de Transportes.
El tribunal no ve casualidad ni una emergencia mal gestionada. Ve un acuerdo previo. Antes incluso de que los responsables del órgano de contratación conocieran la operación, dice la sentencia, la empresa adjudicataria ya sabía que habría una orden ministerial, que la compra se centralizaría a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que ella sería la elegida. El contrato de Adif siguió, según la sala, la misma lógica. La orden ministerial llegó después. La adjudicataria ya estaba, en la práctica, esperando. La sentencia condena también por la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y de Claudia Montes en Logirail, la examante y la amiga de Ábalos. En el caso de la primera, el Supremo asevera que, con conocimiento y aceptación del exministro, no desempeñó «trabajo o función alguna» durante todo el tiempo que permaneció empleada en la empresa pública. También recoge que viajó al menos 13 veces con Ábalos sin que conste que pidiera permiso o licencia a quienes la tenían contratada. Otra derivada del fallo es Air Europa. El Supremo da por probado que Ábalos y Koldo realizaron gestiones sobre una nota de prensa relativa al rescate de la aerolínea y que, en pago por esa actuación, De Aldama facilitó el disfrute gratuito de Villa Parra, un chalé en Marbella donde el exministro y su familia pasaron unos días en agosto de 2020. «Esto sale gratis por las molestias generadas», escribió Koldo a Ábalos al hablar de la vivienda.