Zapatero pide anular la causa por vulnerar derechos fundamentales

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la «nulidad general» del «caso Plus Ultra» por presunta vulneración de derechos fundamentales. Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad dirigido al juez instructor, José Luis Calama.

Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia. Considera que se ha incorporado al procedimiento prueba «ilícitamente analizada» y que «ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales» tanto de él como de otros.

El expresidente sostiene que la nulidad se da «en la propia génesis» del procedimiento de instrucción a finales de 2025 y «arrastra las sucesivas actuaciones».

«Todas esas resoluciones, que no se han notificado a mi mandante y se dictaron cuando mi representado no formaba parte del proceso, vulneraban derechos fundamentales y de terceros que son susceptibles de ser denunciados a través de este cauce extraordinario», razona.

Zapatero solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en «todas las entradas y registros» acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional, quien tiene ahora la competencia.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento «parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados» y apunta a «maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia» para la Fiscalía Anticorrupción, «soslayando al juez ordinario legalmente competente».

Zapatero ya apuntó en un escrito previo al análisis de un disco duro intervenido a un abogado investigado y del teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

En esta causa, el juez atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos» en operaciones como el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional señaló en su último informe que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana y expuso que el pago se amparó en un contrato «simulado» con una sociedad interpuesta.

La principal fuerza opositora en el Parlamento de Bolivia, la alianza Libre, planteará la creación de comisiones legislativas que investiguen la presunta influencia que ejerció Zapatero en el país a favor de una empresa peruana, Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros. Solicitará a la presidencia de la Cámara alta «que se abra una comisión especial de investigación.

Calama investiga la filtración de datos personales del sumario

No es la primera vez que un político investigado por la justicia ve cómo se airean en los medios sus conversaciones privadas incorporadas a sumarios o informes policiales, pero el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE e incluso el Gobierno habían puesto el grito en el cielo al ver publicados mensajes personales del expresidente y el juez José Luis Calama ha decidido tomar cartas en el asunto. El instructor del caso 'Plus Ultra' acordó este jueves deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que indague sobre la difusión de datos que forman parte de la investigación y para que identifique a sus responsables ante su eventual carácter delictivo.

En las últimas horas han visto la luz no solo informes policiales completos, sino también fragmentos de conversaciones del expresidente con su secretaria, Gertrudis Alcázar, que exponen detalles de su intimidad sin relación directa con la causa en la que está imputado. Y ese hecho sirvió a los socialistas, acuciados por distintos escándalos relacionados con corrupción, para volver a alentar la idea de que están siendo víctimas de una campaña de acoso de la derecha de la que participa también una parte del poder judicial.

"Esto no es un accidente, esto no ha sido un error", argumentó este jueves el portavoz socialista, Patxi López, en los pasillos del Congreso. Después de que el Ejecutivo denunciara el miércoles en una nota la violación de los derechos fundamentales de Zapatero, el 'exlehendakari' reprochó que no se expurgara de los informes policiales datos personales que no tienen nada que ver con la investigación policial antes de entregárselos a las partes. "Ya está bien de las filtraciones que, curioso -añadió-, siempre afectan a una parte".

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, arguyó que el asunto es de "extrema gravedad", recordó que el Tribunal Supremo condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración "bien por su parte o por alguien de su entorno" de datos de la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y aprovechó incluso para esgrimir que hay una "causa general" contra Zapatero, al que el juez investiga como supuesto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" y blanqueo de dinero.

Información sensible En su auto, Calama deja claro que se toma el asunto de las filtraciones en serio. Constata la "gravedad de los hechos" y su posible encaje en delitos de "revelación de actuaciones declaradas reservadas" y no se limita a enviar testimonio para que otro órgano investigue. También acuerda formar una pieza separada de "información sensible", en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados. Esa pieza solo será accesible para el juzgado y para el Ministerio Fiscal.

El instructor explica que, una vez practicadas las declaraciones, las acusaciones y defensas recibirán la transcripción generada automáticamente por el sistema de grabación. Y advierte de que si alguna parte necesita consultar un extremo concreto de la declaración, podrá hacerlo en la Secretaría del juzgado, pero no se le facilitará copia de la grabación hasta una hipotética apertura de juicio oral.

Además, a partir de ahora será solo la acusación agrupada bajo la dirección del PP la que pueda acceder al Cloud (la nube) donde se depositan las novedades del sumario. El objetivo declarado del juez es limitar la difusión de material sensible y reducir el número de posibles focos de filtración en una causa en la que se han personado varias acusaciones populares.