El Gobierno envía a Cuerpo a Ceuta para parar el golpe de la crisis económica con ayudas
Moncloa trabaja en un plan de choque mientras las pérdidas comerciales alcanzan los 27,7 millones con la ciudad al límite por la presión migratoria

Asentamiento de niñas y mujeres en un colegio en el barrio del Príncipe, en Ceuta.
El Consejo de Ministros aprobará el martes una partida económica de 25 millones de euros. El objetivo de esta dotación, anunciada a principios de mes y que se someterá a debate en la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebra el próximo jueves, es la atención de los más de 2.100 menores —según los últimos datos de filiaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior— que se encuentran en Ceuta como consecuencia de la crisis migratoria que comenzó a finales de julio con la llegada de entre 70.000 y 80.000 personas desde Marruecos. Forma parte del plan de recuperación y reactivación en el que el Ejecutivo trabaja a fin de que el territorio vuelva a la normalidad.
Mientras miles de migrantes siguen vagando por las calles a la espera de poder entrar en alguno de los espacios de atención «temporal y urgente» que el Gobierno ha habilitado —y que espera poder aumentar «dentro de muy poco» la capacidad de acogida para adultos en los próximos días con otras tres zonas similares-, la ciudad intenta volver a la normalidad. Sin embargo, la realidad en Ceuta dista mucho de estar cerca dado que, más allá de la imagen de tantas personas durmiendo en una playa que ya ha sido desalojada hasta en dos ocasiones, en las intermediaciones de un polígono industrial o escondidos en el monte, la actividad económica sigue estancada. La mayoría de comercios siguen o bien cerrados, por miedo y falta de garantías de seguridad, o abriendo durante solo unas pocas horas.
Tampoco se están viendo las imágenes actuales de residentes y turistas celebrando las fiestas patronales, con los ingresos económicos que ello conlleva anualmente para la ciudad. De hecho, la Cámara de Comercio de Ceuta calcula que si la situación continúa bajo las mismas circunstancias hasta el 31 de agosto, las pérdidas en la ciudad podrían ascender hasta los 27,7 millones de euros. En concreto, el organismo prevé que aproximadamente 7 millones sean como consecuencia del cierre o la reducción de actividad, cerca de 10 millones se deberían a la cancelación de las festividades y otros 10 millones serían por cancelaciones, la caída del turismo y del consumo.
Ante las numerosas reclamaciones que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado desde el inicio de la crisis para que el Gobierno ponga en marcha un plan que mitigue los daños y que evite que el impacto financiero de la crisis se prolongue durante mucho más tiempo, el Ejecutivo ha decidido enviar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, —cuyo viaje sigue pendiente de que se concreten algunos detalles— para que se reúna con el líder ceutí, asociaciones empresariales, agentes sociales y empresas locales. El objetivo es que el titular de la cartera pueda evaluar de primera mano la situación de cara al plan de apoyo en el que ya está trabajando Moncloa para dar respuesta a medio plazo.
El primer paso para ponerlo en marcha pasa por la aprobación de la partida de 25 millones de euros para la gestión de los menores extranjeros, y que se sumarán a los 5,5 millones de euros que el Gobierno ya aprobó a los pocos días que se iniciase la crisis. Se trata de una partida que, entre otros ámbitos, podría servir para el traslado de cerca de 500 niñas, aquellas que tienen un perfil más vulnerable, desde Ceuta a otras comunidades autónomas, donde la tutela permanecería en la administración de la ciudad autónoma y la gestión y cuidados dependería de organizaciones sociales.
El ámbito económico no sería el único por el que pasaría el plan de recuperación. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes trabaja ya el incremento de efectivos en el Tribunal de Instancia, respondiendo, así, a la petición realizada a principios de esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un escrito en el que alertaba de la saturación que están sufriendo en la ciudad como consecuencia del incremento de detenciones, defunciones y casos relacionados con la violencia contra la mujer, entre otros.
También en el ámbito sanitario. Las comunidades se reunirán este lunes de urgencia con Sanidad para abordar el envío «solidario» de vacunas, mientras el secretario de Estado del área, Javier Padilla, viaja a Ceuta para evaluar in situ la situación del Hospital Universitario (HUCE), una evaluación iniciada por la ministra Mónica García. También para determinar las necesidades a fin de poder dar la mejor de las respuestas. Todo ello pese a que la ministra Mónica García niega que se haya producido un colapso sanitario, mientras el Sindicato de Enfermería (Satse) y el Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta denuncian un «colapso sin precedentes», con picos de más de 1.600 asistencias diarias y plantillas desbordadas tras semanas operando al límite.
Se prevé que haya un incremento de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encuentran en la ciudad destinados en la ciudad para mantener la seguridad en las calles y evitar que se pueda producir una imagen similar a la que se pudo ver durante los días 30 y 31 de julio. Con la suma de todas estas acciones, el Gobierno intenta mostrar seguridad y control respecto a la crisis migratoria, pese a que todavía no han podido dimensionar el número exacto de personas que cruzaron la frontera desde Marruecos y que no retornaron hasta el país magrebí, como sí hizo la mayoría. Tampoco ha determinado el número de menores que se encuentran en la ciudad, lo que hace imposible que se pueda poner en marcha el plan de contingencia previsto en el recién reformado artículo 35 de la ley de extranjería, en el que se establece que en situaciones de contingencia estos jóvenes no acompañados podrán ser derivados y acogidos de manera "obligatoria" por otras comunidades autónomas cuyo sistema de acogida no se encuentre tan tensionado.