El BOE publica hoy todas las novedades que los guardias civiles deben conocer para ascender

Una nueva resolución emanada desde la Subsecretaría ha puesto en marcha un concurso de gran calado que busca reordenar la estructura de puestos en la Dirección General de la Guardia Civil. Este proceso, fechado el 21 de agosto de 2026, no es una convocatoria de ingreso para nuevos agentes, sino una oportunidad crucial para el personal funcionario de carrera ya integrado en el cuerpo. Se trata de un concurso general para la provisión de puestos de trabajo, un mecanismo habitual en la Administración Pública española para la movilidad y promoción interna.

La iniciativa se enmarca en la legislación vigente, específicamente en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y el artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado. Estas normativas establecen el marco legal para la provisión de puestos y la promoción profesional de los funcionarios civiles en España. La aprobación de la Secretaría de Estado de Función Pública ha sido un paso previo indispensable para la publicación de esta convocatoria, que afectará a numerosos profesionales dentro de la institución.

Las bases de este concurso han sido cuidadosamente negociadas en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, un foro clave para garantizar la equidad y el consenso en las condiciones laborales del personal funcionario. Además, la convocatoria subraya un firme compromiso con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, en consonancia con el artículo 14 de la Constitución Española y diversas directivas europeas y leyes nacionales, como la Ley Orgánica 3/2007. Este enfoque asegura que el proceso sea justo y libre de discriminación, promoviendo la igualdad de género en la Administración General del Estado.

Requisitos y condiciones de participación

La primera base de la convocatoria detalla quiénes pueden participar en este concurso. Se permite la participación al personal funcionario de carrera, independientemente de su situación administrativa, con la única excepción de aquellos suspendidos en firme. Es fundamental que los aspirantes cumplan con todos los requisitos exigidos en la convocatoria en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que dichos requisitos se mantengan hasta la toma de posesión del puesto adjudicado. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o Escalas solo podrán concursar desde uno de ellos, lo que simplifica el proceso de adscripción y evita duplicidades.

Existen también consideraciones especiales para funcionarios con puestos reservados en exclusiva, quienes necesitarán autorización del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para optar a otros puestos. Esta medida busca equilibrar las necesidades del servicio con las aspiraciones de movilidad del personal. Asimismo, la movilidad del personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria está sujeta a la previa autorización de dicha agencia, lo que refleja la especificidad de sus funciones y la importancia de mantener la operatividad.

Situaciones administrativas y permanencia

La segunda base aborda las diversas situaciones administrativas de los participantes. Se establece un periodo mínimo de dos años de permanencia en el puesto de destino definitivo para poder concursar, una norma que busca garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo. Sin embargo, existen excepciones, como los traslados dentro de una misma Secretaría de Estado o Departamento ministerial, o en casos de supresión del puesto. Los funcionarios en situación de servicio en otras Administraciones públicas también tienen condiciones específicas para su participación, especialmente si han obtenido un destino definitivo voluntariamente.

Para aquellos en excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar, se exige que hayan transcurrido al menos dos años desde el inicio de dicha situación. Los funcionarios en excedencia por cuidado de familiares o en servicios especiales con derecho a reserva de puesto también deben cumplir con plazos específicos antes de poder concursar. Es importante destacar que el tiempo de servicios prestados en un puesto, incluso si se ha accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción interna, se computará a efectos de la permanencia de dos años, lo que favorece la progresión profesional.

Los funcionarios en servicio activo que ocupen puestos en adscripción provisional tienen la obligación de participar en el concurso si su puesto es convocado, solicitando al menos el puesto que ocupan. Esta disposición busca regularizar las situaciones provisionales y asegurar la cobertura definitiva de los puestos. Aquellos en expectativa de destino y excedencia forzosa también están obligados a concursar, lo que refleja la importancia de su reincorporación al servicio activo. La documentación acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensión es indispensable para quienes procedan de una situación de suspensión firme de funciones.

Proceso de solicitud y plazos

La tercera base detalla el procedimiento para la presentación de solicitudes. Los interesados deben dirigir sus peticiones a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, utilizando los modelos publicados como anexos a la resolución. El plazo para la presentación es de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La presentación se realizará preferentemente a través del Portal Funciona, siendo imprescindible la acreditación mediante certificado electrónico (DNI-e o certificado de la FNMT).

En casos excepcionales, si la persona concursante no puede presentar la solicitud por medios electrónicos, podrá hacerlo en los registros físicos, siempre que aporte documentación que acredite la imposibilidad técnica. Sin esta justificación, la solicitud en papel no será admitida. Esta medida busca fomentar la tramitación electrónica y agilizar el proceso. Si se presenta más de una instancia durante el plazo, solo se considerará la última, anulando las anteriores. Los participantes deben adjuntar a su solicitud los anexos requeridos, como la solicitud de participación, el certificado de méritos generales y el de méritos específicos, así como consentimientos para la verificación de datos en casos de conciliación familiar.

Los funcionarios con discapacidad reconocida pueden solicitar la adaptación del puesto o puestos de trabajo, acompañando un informe que acredite la procedencia de la adaptación y su compatibilidad con las funciones. Esta disposición garantiza la inclusión y la igualdad de oportunidades. Además, dos personas que reúnan los requisitos y estén interesadas en vacantes en el mismo municipio pueden condicionar sus solicitudes por razones de convivencia familiar, buscando obtener destino en la misma localidad. Esta opción, sin embargo, no aplica si uno de los peticionarios ya tiene destino definitivo en ese municipio.

Criterios de valoración de méritos

La cuarta base establece el baremo de valoración de los méritos, que se referirán a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias. Se exige una puntuación mínima de diez puntos para la adjudicación de destino. La valoración se divide en dos fases: méritos generales y méritos específicos.

En la primera fase, se valora el grado personal consolidado, otorgando hasta diez puntos en función de su posición respecto al nivel del puesto al que se concursa. Un grado personal superior al nivel del puesto otorga la máxima puntuación, mientras que un grado inferior en más de dos niveles recibe cuatro puntos. Esta valoración reconoce la trayectoria y el nivel profesional del funcionario. También se considera el grado reconocido en otras Administraciones públicas o en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, lo que facilita la movilidad interadministrativa.

El trabajo desarrollado durante los últimos cinco años se valora hasta un máximo de veinticinco puntos, con puntuaciones que varían según el nivel de complemento de destino del puesto desempeñado. Se otorgan 0,417 puntos por mes trabajado en puestos de nivel igual o superior, y menos puntos para niveles inferiores. Se consideran situaciones especiales como el cese en puestos de libre designación o la situación de servicio en otras Administraciones públicas, lo que asegura una valoración justa y completa de la experiencia laboral. El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de familiares se computa como de prestación de servicios efectivos, favoreciendo la conciliación.

Los cursos de formación o perfeccionamiento pueden sumar hasta diez puntos. Solo se valoran aquellos cuyas materias estén incluidas en la relación publicada en la web del Departamento y que sean impartidos o recibidos en el marco de acuerdos de formación para el empleo o planes internos. Se otorgan 2,5 puntos por la realización como asistente de cursos de quince horas o más, y la misma puntuación por la impartición de cursos de dos horas o más. Es importante que los cursos figuren en el certificado de méritos generales y que se especifique su duración y fecha. Se valora un único curso por materia y se otorga un punto adicional a los cursos de formación en igualdad de género, siempre que superen las quince horas, lo que refuerza el compromiso con la equidad.

La antigüedad se valora con 0,84 puntos por cada año completo de servicio, hasta un máximo de veinticinco puntos. Se computan los servicios prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera, siempre que estén reconocidos y certificados. Esta valoración premia la lealtad y la experiencia acumulada en la Administración. No se tendrán en cuenta los servicios prestados simultáneamente con otros ya alegados, lo que evita la doble contabilización.

Los supuestos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral pueden sumar hasta diez puntos. Estos méritos solo se valoran si el funcionario se encuentra en servicio activo o con reserva de puesto, y si el puesto solicitado es de nivel igual o inferior al que desempeña. No se otorga puntuación si el participante ya ocupa un puesto provisional en el municipio de residencia de los menores o familiares a cuidar, o del cónyuge. Es necesario que el funcionario resida en el mismo municipio que su puesto de trabajo. Estas condiciones buscan garantizar que la conciliación sea efectiva y no una mera formalidad.

Si el cónyuge funcionario ha obtenido destino definitivo en el municipio solicitado, se valora en función del tiempo de separación, con un máximo de cinco puntos. El cuidado de hijos o hijas menores de doce años, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos, también otorga puntos, con un máximo de cinco. Se valoran situaciones como la ubicación de la plaza en la misma provincia o municipio que la residencia del menor, y se otorgan puntos adicionales por discapacidad del menor o familiar, o por ser familia monoparental o numerosa. Estas medidas reconocen el esfuerzo de los funcionarios por equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales.

La segunda fase valora los méritos específicos adecuados a las características del puesto, con un máximo de veinte puntos. Se consideran conocimientos profesionales, estudios, experiencia, titulación y otras condiciones que garanticen la adecuación al puesto. Se valoran los conocimientos y experiencia adquiridos en el desarrollo de tareas o funciones propias de uno o varios puestos de trabajo, siempre que se hayan realizado durante seis meses o más. En comunidades autónomas con lengua cooficial, se valora el conocimiento de dicha lengua si es requerida en el puesto, lo que promueve el bilingüismo y la atención al ciudadano en su lengua materna.

Acreditación y valoración final

La quinta base detalla cómo se acreditan los méritos. Los méritos generales se certifican en el anexo III por la Subdirección General competente en materia de personal o el órgano correspondiente, dependiendo del destino del funcionario. Es crucial que el certificado incluya todos los cursos que consten en el Registro Central de Personal y que cumplan los requisitos de valoración. El conocimiento de lenguas cooficiales también debe acreditarse mediante título o diploma oficial. La documentación relativa a la conciliación familiar debe aportarse junto con la solicitud en el plazo establecido, y debe contener información actualizada que permita verificar las circunstancias alegadas.

La sexta base establece consideraciones sobre la valoración de los méritos. Todos los datos alegados deben referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. La Comisión de Valoración podrá contrastar los datos con el Registro Central de Personal y solicitar aclaraciones. En caso de discrepancia, prevalecerán los datos del Registro. Los puestos no podrán declararse desiertos si hay concursantes que cumplen los requisitos mínimos, salvo que se hayan amortizado o modificado sus características. Esta disposición garantiza la ocupación de las vacantes.

Comisión de valoración y resolución

La séptima base describe la Comisión de Valoración, que se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres. Estará presidida por la Subdirectora General de Recursos Humanos o persona en quien delegue, e incluirá vocales designados entre funcionarios del Ministerio del Interior y representantes de las Organizaciones Sindicales. Los miembros de la Comisión deben pertenecer a Cuerpos o Escalas de subgrupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados, lo que asegura la cualificación y experiencia de los evaluadores. La Comisión propondrá a los candidatos con mayor puntuación que hayan alcanzado el mínimo exigido.

La octava base aborda el procedimiento de exclusión, renuncias y desistimientos. Si un participante obtiene un puesto definitivo por otro procedimiento, debe comunicarlo para ser excluido. El órgano convocante puede excluir de oficio si tiene conocimiento de la toma de posesión. Se acordará la exclusión de candidatos que no reúnan los requisitos, abriendo un plazo de cinco días hábiles para subsanaciones. Las renuncias parciales o el desistimiento total de la solicitud se admitirán hasta dos días antes de la publicación de los listados provisionales de valoración, lo que otorga flexibilidad a los participantes.

La novena base establece la publicidad de la valoración de méritos. La Comisión de Valoración publicará listados provisionales en la web del Departamento, con un periodo de alegaciones de cinco días hábiles. Las puntuaciones provisionales se elevarán a definitivas si no hay alegaciones, lo que garantiza la transparencia del proceso. La décima base indica que la convocatoria se resolverá por resolución de la Subsecretaría del Interior en un plazo máximo de seis meses, publicándose en el Boletín Oficial del Estado. La resolución incluirá el puesto, localidad, órgano directivo y Departamento ministerial de cese de los adjudicatarios.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes si lo implica o si es un reingreso al servicio activo. El cese se efectuará de oficio dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. Se pueden conceder prórrogas del cese por necesidades del servicio o de la incorporación por razones justificadas, lo que permite una transición ordenada entre puestos. Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que se obtenga otro destino por convocatoria pública antes de finalizar el plazo de toma de posesión. La adjudicación de un puesto a un funcionario en situación distinta a la de servicio activo supondrá su reingreso, lo que facilita la vuelta al servicio activo.

Esta convocatoria de concurso general para la provisión de puestos en la Dirección General de la Guardia Civil representa un proceso fundamental para la gestión de personal dentro de la institución. Dirigida exclusivamente a funcionarios de carrera, busca optimizar la distribución de recursos humanos y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional. Las bases detalladas, que incluyen criterios de mérito, antigüedad, formación y conciliación familiar, reflejan un compromiso con la equidad y la transparencia. La implementación de este concurso, con sus plazos y procedimientos específicos, es un ejemplo de la complejidad y rigor de los procesos de movilidad en la Administración Pública española.