El asalto de Ceuta llega a los tribunales

La Fiscalía defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva e irregular de entre 70.000 y 80.000 migrantes a Ceuta. Lo hace a través de un informe que la jueza instructora María Tardón había solicitado y ha recibido este viernes. Aunque las conclusiones del Ministerio Público no son vinculantes, servirán de guía para los siguientes pasos de la magistrada.

El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, que ha asumido la investigación relativa a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, argumenta que, aunque gran parte de la planificación, difusión digital y coordinación logística se desarrolló en Marruecos, la ejecución material y sus efectos principales tuvieron lugar en territorio español. El documento presentado clasifica, además, los hechos como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular -agravado por poner en peligro la vida de las personas, sobre todo teniendo en cuenta que más de 140 personas fallecieron tratando de llegar a nado a Ceuta-, organización criminal, homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La Fiscalía argumenta, para mostrar su conformidad con que el caso se investigue desde la Audiencia Nacional, que lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio y lo que recogen los informes elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil son acontecimientos de tal magnitud que no puede tratarse como un simple delito común ni investigarse en un juzgado local. Por eso pide blindar bajo reserva parte del caso, a fin de así poder proteger las pruebas y a los propios investigadores -una medida que también han pedido sindicatos policiales y el partido Iustitia Europa, quien presentó inicialmente la denuncia, después de que el Ministerio del Interior haya mostrado su malestar respecto a lo que dicen estos informes.

Para fundamentar la jurisdicción de este tribunal, el Ministerio Público apela al principio de territorialidad, recordando que "el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la Ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional". Asimismo, respalda su criterio en tratados internacionales como "la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [.] y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire", argumentando que, dada la naturaleza transfronteriza de la red, los juzgados españoles están plenamente legitimados para actuar cuando los "efectos más relevantes se produjeron en territorio español".

Para la Fiscalía, los hechos que tuvieron lugar los días previos a la entrada masiva y los del 30 y 31 de julio serían constitutivos, sin perjuicio de lo que pueda resultar durante la instrucción, de "delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados", como es la Audiencia Nacional. De esta manera, el fiscal jefe apela a que la jueza Tardón abra definitivamente la causa y que, así, se pueda indagar en lo ocurrido, aunque "la instrucción deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afectan al orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".

El posicionamiento del Ministerio Público se produce en un momento de alta tensión entre el ministerio de Fernando Grande-Marlaska y el Poder Judicial, como consecuencia de las quejas elevadas por el dirigente político respecto a que la instructora María Tardón ordenase a la Policía y Guardia Civil que no informasen a sus superiores de la investigación requerida. El aval del fiscal jefe abre ahora la vía para que la magistrada ordene las primeras diligencias penales tras recibir los escritos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

Respaldo a la jueza Tardón

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional muestra su "absoluto respaldo" hacia la magistrada María Tardón, encargada del caso en el que se investigan posibles responsabilidades penales por la entrada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta a finales de julio. Lo hacen después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiese un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticando que la jueza instructora hubiese ordenado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no informar a sus superiores del contenido de los informes presentados -y que demuestran una presunta injerencia por parte de Marruecos en la avalancha vivida en la frontera.

La Audiencia Nacional fundamenta su postura en la "independencia judicial" frente al poder político, recordando que la policía judicial debe "lealtad funcional exclusivamente" a los jueces y tribunales durante una instrucción. El texto subraya, además, que la reserva de las actuaciones es una garantía constitucional que protege el interés general frente a interferencias políticas, agradece a la presidenta del CGPJ el apoyo mostrado en la carta con la que contestaba a las quejas del ministro Marlaska y exige el máximo respeto de las autoridades hacia la labor de la magistrada.

El jueves, el titular de Interior envió una misiva a Perelló reprochando que la jueza Tardón no compartiera un informe policial del CENIF sobre la entrada masiva e irregular de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, que dejó cerca de 140 fallecidos -en el que se alertaba de que agentes marroquíes vestidos de paisano habrían "guiado" a los migrantes hacia el cruce de frontera. El ministro argumentaba la necesidad de dicha información señalando que era "de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Frente a las quejas del ministro, la Sala de Gobierno ha señalado que la magistrada instructora "no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que está actuando para la preservación y defensa del interés general de España". Todo ello, añaden, se ha hecho "dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales". Además, ha recordado que "la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca", una circunstancia que, en sí misma, constituye una "garantía de la independencia de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones".

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, como hacía este jueves la presidenta del CGPJ, apela a la obligación de las unidades de policía judicial a mantener una "rigurosa reserva" sobre el avance y resultado de sus pesquisas, garantizando, así, que las actuaciones permanezcan al margen de injerencias de la autoridad ejecutiva o política. Con este movimiento, la institución cierra filas en torno a la jueza Tardón, que este viernes ha recibido un nuevo informe, esta vez por parte de los servicios de información de la Guardia Civil.

La carta a Perelló 

La nueva controversia entre el Gobierno y el Poder Judicial se desencadenó tras el envío de un informe de la Policía a la jueza Tardón en el marco de la investigación sobre la entrada masiva e irregular de migrantes a Ceuta. En dicho documento, se alertaba de que agentes marroquíes de paisano habrían guiado a las personas hacia el cruce fronterizo. No solo supone una contradicción para el Ejecutivo por el hecho de que este escrito refleja que sí se habían dado avisos sobre las convocatorias para la entrada irregular a la ciudad, sino que además choca con el discurso que Pedro Sánchez ha mantenido desde el principio apelando a las buenas relaciones y la coordinación y colaboración con Rabat.

Con el fin de preservar el secreto de las diligencias, la magistrada dio instrucciones directas a los agentes para que no informaran a sus superiores jerárquicos sobre el contenido del atestado. Esta orden causó un profundo malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, remitió primero una carta al director general de la Policía para que le informase -motivando que este mantuviese una reunión con el responsable de la comisaría encargada de elaborar el documento. Un día después, envió una misiva a Perelló, criticando la decisión de la instructora de no compartir la información policial.

El ministro argumentó que los datos recabados resultaban esenciales para que el Gobierno pudiera ejercer adecuadamente sus competencias constitucionales en materia de seguridad nacional, defensa y dirección de la política exterior y de interior. Por su parte, la presidenta del CGPJ respondió a la queja reprochando al ministro su injerencia y defendiendo la actuación de la jueza Tardón. Perelló recordó, asimismo, que la Policía Judicial mantiene una dependencia funcional exclusiva de los jueces y tribunales durante las pesquisas penales, subrayando que las decisiones de un magistrado en el marco de un proceso judicial deben respetarse estrictamente para salvaguardar la independencia del Poder Judicial.