España concede la nacionalidad a los saharauis, un desafío a Marruecos
El Congreso aprueba la ley para nacionalizar a la población nacida antes de 1977 con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.Rabat dice que es el ‘chivo expiatorio’ de la crisis interna española

Representantes saharauis posan en la escalinata del Congreso este jueves, tras la aprobación de la nacionalidad para los nacidos antes de 1977.
El Congreso ha aprobado este jueves la ley promovida por Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que han asistido al debate, consideran «histórico». La ley, de la que según los colectivos saharauis podrían beneficiarse entre 80.000 y 120.000 personas, viene a reparar en parte el «abandono» en el que consideran que les ha dejado el Estado español desde hace medio siglo, cuando se firmaron los acuerdos del 14 de noviembre de 1975, por los que España cedió la administración del Sáhara Occidental.
La votación del dictamen ha salido adelante, como estaba previsto, con el apoyo de los socios del Ejecutivo, la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox: 168 síes, 31 noes y 145 abstenciones. Todos los diputados que han respaldado la ley han aplaudido al final de la votación, muchos en pie, salvo los socialistas, y dirigiendo la mirada a la tribuna de invitados, donde un grupo de saharauis lo celebraba con el signo de la victoria.
Durante el debate, que se ha centrado en las enmiendas que han llegado vivas, en este caso todas del PP y que han sido rechazadas, el PSOE se ha arrogado el mérito de esta norma, al subrayar el diputado Artemi Rallo que no sería posible «si no contara con el impulso y el liderazgo» del Gobierno progresista que encabezan los socialistas.
«Nadie nos va a aguar la fiesta, es un día histórico», ha dicho Rallo, que ha aprovechado para cargar contra el PP por «instrumentalizar» a los saharauis y tratarles con indiferencia.
Sin embargo, el PSOE fue el único partido que rechazó la toma en consideración de la ley el 25 de febrero de 2025 y el responsable, según sus socios de Sumar, de que permaneciera enterrada en un cajón durante más de un año. Ha sido Tesh Sidi, la diputada de Sumar nacida en un campo de refugiados saharaui y niña acogida en España, la protagonista de este debate donde ha advertido antes de la votación que no comparte «ninguna abstención» que se pueda plantear: «Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos», ha advertido la diputada.
Con la aprobación de la ley, Tesh Sidi ha señalado que se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron «y este Estado se lo quitó». Se repara así una «injusticia histórica», ha subrayado.
El PP ha centrado la defensa de sus enmiendas en atacar a los socialistas por abandonar la «tradicional neutralidad activa» en la cuestión del Sáhara, en marzo de 2022, y alinearse con Rabat, apoyando su plan de autonomía para la excolonia española. Su diputado Pedro Muñoz también ha criticado a Sumar por impulsar esta ley, además de por convicción, para «lavar su conciencia» al no haber salido «por dignidad» de un gobierno que había abandonado la causa saharaui. Ha asegurado que siguen defendiendo que los saharauis se puedan nacionalizar, pero «no por carta de naturaleza» como establece la ley. Igualmente, ha exigido al Gobierno que explique «por qué entregaron el Sáhara a la soberanía marroquí». «Algo huele mal, muy mal en Dinamarca», ha dicho parafraseando la frase de ‘Hamlet’.
Una exigencia que han repetido otros portavoces de la izquierda y algunos, como el PNV y EH Bildu, han reclamado revertir el volantazo de Sánchez respecto del Sáhara. Los socios habituales del Ejecutivo no han ahorrado críticas por ese cambio de posición, también Junts y ERC, que ha lamentado que hayan «traicionado» las esperanzas de los saharauis, una «vergüenza» que pesará sobre ellos. Mientras, Podemos ha advertido de que no van a tolerar que la ley sirva de «excusa» para acabar con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El debate de esta iniciativa se produce en medio de la crisis de Ceuta después de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio y el papel que pudo jugar Marruecos y algunos grupos se preguntan si su aprobación tendrá alguna respuesta por parte de Rabat.
La nueva ley tiene que ir ahora al Senado, donde al ser probablemente enmendada, deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
Marruecos responde
Marruecos dijo ayer que no acepta «ser chivo expiatorio» en ajustes de cuentas políticos de España.
«El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos» en España, advirtió hoy el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.
Rabat se pronunció así en una declaración del Ministerio de Exteriores sobre las relaciones con España en la que lamenta que «algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos».
«Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común», agrega.
Marruecos considera también «lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio cometan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia».
«Estos desaciertos, donde el discernimiento se ve eclipsado por la simplificación excesiva y el análisis objetivo por la retórica acusatoria, alimentan una estrategia de miedo perjudicial para todos», advierte.
El comunicado destaca las buenas relaciones alcanzadas con Madrid tras la declaración conjunta de 2022, sobre principios de «respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo», que se tradujeron en «resultados tangibles», tanto económicos como en materia de seguridad y migración.
«La cooperación en materia de migración siempre ha sido coordinada y eficaz. Los lamentables sucesos del pasado mes de julio exigen, sin duda, una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias, identificar cualquier injerencia, exponer cualquier manipulación y, sobre todo, garantizar que no vuelvan a ocurrir», continúa el texto, que no menciona de forma específica el cruce masivo a Ceuta.
«Hoy, dejando de lado toda controversia y retórica, el sentido común y el diálogo veraz exigen preguntas directas: ¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?», se pregunta.
«¿Por qué no se devuelve a los inmigrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?», pregunta el Ministerio, que subraya que la respuesta corresponde a «las autoridades españolas competentes».
«La proximidad geográfica es una realidad inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, la convierten en una ventaja para el futuro», subraya el Ministerio.
«La ceguera estratégica, por el contrario, transformará esta ventaja en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes», concluye el departamento que encabeza Nasser Bourita en su primera reacción oficial tras el cruce masivo a Ceuta que ha desembocado en una crisis humanitaria y en tensiones con Madrid.
Durante los pasados 30 y 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 cruzaron de forma irregular desde Marruecos a la ciudad española, en su mayoría a nado, con una resultado de al menos 141 muertos, según estimaciones de organizaciones civiles. La gran mayoría retornó en los días siguientes, pero unos pocos miles continúan en Ceuta.
La declaración de Marruecos coincide con la publicación de los documentos desclasificados por el Gobierno español y se hizo pública a través de la agencia oficial MAP