La Audiencia Nacional reclama la causa del delegado de Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, dio este lunes un paso importante para asumir la causa sobre el papel que jugó los días previos al asalto a la frontera el delegado del Gobierno. En concreto, la magistrada requirió en la mañana de hoy formalmente al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma que valore inhibirse a favor del órgano central en la causa iniciada contra Miguel Ángel Pérez Triano.

Según recoge la providencia fechada el pasado 11 de septiembre, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 indica que, tras recabar información de diferentes órganos judiciales de las causas que se siguen en los mismos «por las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos», ha podido conocer que hay una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta. Ese asunto concreto, explica, se abrió tras una denuncia contra el delegado del Gobierno.

De esta forma, la Audiencia Nacional busca asumir plenamente y centralizar el proceso en Madrid —además de agilizar las pesquisas y evitar posibles contradicciones entre resoluciones judiciales-, agrupando toda la investigación sobre lo acontecido en Ceuta el pasado mes de julio bajo una misma instrucción. Para llevar a cabo este traspaso de la causa, la magistrada ordena remitir al Juzgado 6 de Ceuta la resolución formal en la que la Audiencia Nacional declara su competencia sobre el caso.

La instructora rechazó que el episodio fronterizo respondiera a un fenómeno migratorio aislado o improvisado

De este modo, el tribunal ceutí deberá ponderar en los próximos días la cesión de las actuaciones, analizando si los hechos denunciados contra la administración se enmarcan en la trama global que instruye la jueza Tardón desde la capital. El trasfondo jurídico de la asunción competencial por parte de la Audiencia Nacional reside en la especial gravedad de los cargos indagados. El procedimiento rastrea posibles conductas constitutivas de un delito contra la paz e independencia del Estado, una figura del Código Penal destinada a proteger el fuero soberano y la integridad de las fronteras nacionales ante situaciones de desestabilización extrema.

Entre las acciones legales interpuestas destaca la querella presentada por la organización Hazte Oír contra Triano. En dicho escrito se atribuyen al delegado del Ejecutivo presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, así como homicidio y lesiones por imprudencia grave, derivados del operativo de respuesta durante las jornadas del pasado 30 y 31 de julio. En el auto mediante el cual Tardón asumió las actuaciones —respaldado por el criterio favorable de la Fiscalía-, la magistrada dio especial relevancia a las conclusiones del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una documentación cuyo análisis preliminar llegó a sus manos con anterioridad al propio Ejecutivo, provocando malestar en Moncloa.

El trasfondo jurídico de la asunción competencial por la Audiencia Nacional reside en la especial gravedad de los cargos

La instructora rechazó que el episodio fronterizo respondiera a un fenómeno migratorio aislado o improvisado. Por el contrario, determinó la existencia de una estrategia planificada donde el flujo de personas actuó únicamente como pretexto de fachada dentro de un esquema de «guerra híbrida».

Tardón ha designado al partido político Iustitia Europa para que represente a todas las acusaciones en el caso que instruye la magistrada sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.