El Congreso está ya blindado por la policía ante el debate sobre los decretos de vivienda

El Congreso de los Diputados ha sido blindado por la Policía Nacional ante la marcha anunciada para este viernes por el Sindicato de Inquilinas de los acampados en la Puerta del Sol hasta la Carrera de San Jerónimo con motivo del debate sobre los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

A las diez de la mañana han quedado cortados al tráfico todos los accesos y se ha acordonado tanto el perímetro exterior de los edificios del Congreso como las calles aledañas.

El amplio dispositivo de seguridad es similar al que se puso en marcha en junio durante la visita del papa León XIV con un gran número de agentes y de furgonetas de la Policía Nacional, al que se suman el equipo habitual que presta servicio en la Cámara baja.

Salvo sorpresa mayúscula, el Congreso rechazará la convalidación de los dos decretos sobre vivienda tras el "no" de última hora de Junts -que enviará al Gobierno una propuesta alternativa- y la negativa ya anunciada del PP y Vox, en medio de la indignación creciente de los acampados en plazas de toda España. 

Interviene la justicia

La jueza del juzgado contencioso-administrativo número 14 de Madrid ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol.

A través de un auto, la magistrada ha declarado que no es competente para abordar este procedimiento y eleva las actuaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que será la encargada de estudiar las medidas cautelarísimas pedidas por el Gobierno de Ayuso para el desalojo de la acampada, para lo que tiene un plazo máximo de 48 horas.

El Gobierno madrileño interpuso su recurso en la mañana del jueves, cuando el plazo para decidir las cautelarísimas empezó a contar, pero ahora, al pasar este procedimiento a otra instancia, en este caso el TSJ, dicho tiempo comienza a contar desde cero, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

La jueza ha dictado la falta de competencia y ha emplazado a las partes a que puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia y "usar allí de su derecho" porque de lo contrario caducará el recurso interpuesto.

Ha adoptado esta resolución tras pedir el pronunciamiento de las partes y todas ellas han abogado por remitir las actuaciones al Tribunal Superior, incluido el letrado de la Comunidad de Madrid, la institución que interpuso el recurso en primer lugar.

Señala la magistrada que en este procedimiento se impugna "la inactividad del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid consistente en no ejercer las competencias que le corresponden y tolerar de formar persistente la ocupación ilegal de la Puerta del Sol de Madrid".

Y razona que no es competencia de los juzgados de primera instancia -ahora denominados tribunales de instancia- abordar la impugnación de un acto dictado por un órgano perteneciente a la Administración periférica del Estado, cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional, y en el que no hay una cuantía determinada.

De esta forma, ahora recae en el Tribunal Superior de Justicia la tarea de decidir en 48 horas si ordena el desalojo. Sobre la mesa, tendrán los argumentos de la Comunidad de Madrid, que considera que se ha producido "una ocupación ilegal del espacio público" y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación "imperativa" de ejercer sus competencias de "prevención y vigilancia" para "garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones".

La Comunidad de Madrid interpuso su recurso tras enviar un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, donde le recriminó su "inacción" y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza.

El delegado del Gobierno respondió que están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes" y que la acampada muestra "pleno respeto al ordenamiento jurídico".