La deuda que deja el adelanto electoral
Desde la nacionalidad para saharauis hasta reformas laborales: un balance de promesas legislativas que se quedan en el cajón por las urnas
La convocatoria electoral anticipada para el 29 de noviembre ha dejado un rastro de proyectos legislativos inconclusos que, tras meses o incluso años de tramitación parlamentaria, quedan oficialmente sepultados. El adelanto de los comicios no solo pone fin a una legislatura convulsa, sino que entierra reformas que ya habían superado múltiples debates y comisiones en el Congreso de los Diputados.
Entre las víctimas más destacadas de esta disolución parlamentaria figura la ley de nacionalidad para saharauis, una norma impulsada por Sumar que podría haber beneficiado a unas 80.000 personas nacidas bajo administración española en el antiguo Sáhara Occidental. La iniciativa, aprobada en el Congreso con amplias mayorías en septiembre de 2026, se encontraba en fase final de tramitación en el Senado cuando las enmiendas presentadas por el Partido Popular frenaron su aprobación automática.
La diputada de origen saharaui Tesh Sidi, de Más Madrid, calificó la situación como "un día triste" para su pueblo y propuso una solución alternativa: que el Gobierno conceda la nacionalidad mediante carta de naturaleza, un instrumento jurídico que permite otorgar la ciudadanía española por real decreto caso por caso. Esta fórmula requeriría que los potenciales beneficiarios solicitaran individualmente la nacionalidad al Ministerio de Justicia.
La vivienda como detonante del adelanto electoral
El factor determinante que precipitó la convocatoria anticipada fue precisamente la derogación en el Congreso de dos decretos relacionados con la crisis habitacional. En los últimos ocho años, el precio de la vivienda en España se ha disparado más del 50 por ciento, mientras los alquileres han crecido por encima de los salarios, convirtiendo el acceso a la vivienda en la principal preocupación ciudadana.
A pesar de medidas aprobadas durante la legislatura como la eliminación de las denominadas 'golden visa', la creación de la entidad estatal Casa47 o diversos planes estratégicos en construcción, el mercado inmobiliario no ha dejado de encarecerse. Las acampadas y manifestaciones por todo el territorio nacional reflejaron un descontento social que finalmente pasó factura política.
El Gobierno, incluso con las Cortes ya disueltas, mantiene la intención de retomar aquellos decretos que provocaron su caída. Sin embargo, la falta de presupuestos generales ha marcado toda la legislatura, convirtiéndose en la primera vez en la historia democrática española que un periodo parlamentario concluye sin cuentas públicas aprobadas.
Reformas laborales y sociales en el limbo
Entre las iniciativas que quedan congeladas destaca la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una reivindicación histórica de los sindicatos que había iniciado ya su tramitación parlamentaria. También permanece pendiente la prometida reforma de la financiación autonómica, un asunto espinoso que lleva años generando tensiones territoriales.
En el ámbito educativo, el Estatuto del Docente no verá la luz, circunstancia que ha provocado el malestar del profesorado y convocatorias de huelga indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre, además de movilizaciones programadas en todas las comunidades autónomas durante el otoño. Tampoco se aprobará el decreto de Formación Profesional que limitaba la enseñanza online ni la ley de reducción de alumnos por aula.
Sanidad y justicia: proyectos a medio gas
El Ministerio de Sanidad había desplegado una intensa actividad legislativa que no culminará en aprobaciones definitivas. La polémica reforma del estatuto marco, que generó fuertes protestas entre la comunidad médica, queda archivada junto a la nueva ley antitabaco, la regulación de alcohol y menores, la ley del medicamento y la de universalidad del sistema sanitario.
No obstante, sí se han implementado medidas como el plan Veo de ayuda de 100 euros para gafas y lentillas destinado a menores de 16 años, la ampliación de los cribados neonatales de 7 a 23 enfermedades o la regulación del cannabis medicinal.
En el área de Justicia, el punto álgido fue el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años y medio de bloqueo institucional. Sin embargo, quedan pendientes las reformas sobre el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. También se archiva gran parte del Plan de Acción por la Democracia, anunciado tras escándalos de corrupción en el PSOE, incluida la ley de lobbies y la modernización de la regulación de secretos oficiales.
Crisis migratoria y seguridad interior
El adelanto electoral se produce en medio de la mayor crisis migratoria que ha enfrentado el Ejecutivo: la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Los comicios tendrán lugar sin que la ciudad autónoma haya recuperado la normalidad y sin solución definitiva para todos los migrantes llegados.
En el balance positivo de Interior figura la aprobación de una reivindicación histórica: que los funcionarios de Prisiones sean considerados agentes de la autoridad. Sin embargo, no prosperó la iniciativa de rebajar la tasa de alcohol permitida al volante, y vuelve a quedar pendiente la reforma de la llamada 'ley mordaza'.
Igualdad y consumo: agenda incompleta
Mientras el Ministerio de Derechos Sociales logró sacar adelante reformas como las leyes de Dependencia y Discapacidad, que amplían el catálogo de servicios, la Ley ELA y la creación de un nuevo grado de dependencia extrema, el área de Igualdad no ha conseguido cumplir objetivos clave.
La prometida ley para avanzar hacia la abolición de la prostitución queda en el cajón, así como la ley de violencia vicaria. A pesar de haberse renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2026 ya son 41 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España.
En materia de Consumo, se aprobó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que establece estándares mínimos en la relación entre empresas y consumidores, pero permanece pendiente la ley de protección a menores en entornos digitales.
Política exterior y defensa
La legislatura estuvo marcada por decisiones internacionales de calado, como el reconocimiento del Estado palestino y la denuncia del "genocidio" en Gaza, el apoyo a Ucrania o los enfrentamientos dialécticos con el presidente estadounidense Donald Trump. España alcanzó el objetivo del 2 por ciento del PIB en gasto en Defensa, aunque el Gobierno rechazó elevar este porcentaje al 5 por ciento como propuso la OTAN.
En el ámbito cultural, destacaron medidas como la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia y el proceso de descolonización de museos estatales, revisando las colecciones del Nacional de Antropología y del Museo de América para superar visiones coloniales de la historia.
El balance final de esta legislatura anticipada deja un reguero de más de treinta reformas legislativas sin completar, algunas de ellas con años de tramitación parlamentaria y consensos alcanzados que se desvanecen con la disolución de las Cortes. La ciudadanía española deberá esperar a la conformación de un nuevo Parlamento para conocer si estas iniciativas resurgirán o quedarán definitivamente archivadas en los anales del Congreso.