Interior iguala las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo aunque no haya sentencia judicial

El Ministerio del Interior ha igualado las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo con independencia de que exista o no una sentencia penal, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto-ley que modifica la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.

La reforma pretende corregir las diferencias económicas que hasta ahora podían producirse entre víctimas de atentados de gravedad similar por una circunstancia ajena a ellas: que los hechos hubieran llegado a juicio y que la sentencia fijara una indemnización por responsabilidad civil.

Según ha informado Interior, la medida beneficiará especialmente a las víctimas de atentados antiguos que quedaron sin una respuesta judicial, en muchos casos porque no se llegó a identificar a sus autores. Entre los beneficiarios más numerosos figuran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias.

Cuatro años para solicitar las ayudas complementarias

La nueva regulación permitirá que los familiares de personas fallecidas en atentados terroristas y las víctimas que hayan sufrido lesiones incapacitantes permanentes puedan solicitar una ayuda complementaria cuando no hayan recibido una indemnización por responsabilidad civil establecida en una sentencia judicial firme.

Los beneficiarios dispondrán de cuatro años desde la entrada en vigor de la norma para presentar la solicitud. La cantidad reconocida se abonará en tres pagos iguales, distribuidos en tres anualidades.

Para los casos futuros, las víctimas podrán solicitar el complemento cuando hayan transcurrido cinco años desde el atentado sin que exista una sentencia penal firme o cuando la resolución judicial no haya fijado una indemnización por responsabilidad civil.

La cuantía se calculará teniendo en cuenta las ayudas percibidas previamente. En el caso de las lesiones incapacitantes, se incrementarán las cantidades hasta alcanzar los máximos previstos en la Ley 29/2011 para cada grado de incapacidad.

En los supuestos de fallecimiento, la mejora dependerá de la situación familiar de los beneficiarios. Podrá alcanzar los 500.000 euros cuando la indemnización corresponda a los hijos de la víctima, solos o junto con el cónyuge no separado legalmente o la persona conviviente. El límite será de hasta 350.000 euros en otros supuestos familiares, como los casos en los que perciban la indemnización el cónyuge o conviviente, los padres o distintas combinaciones de estos familiares con los hijos.

Beneficiará a las víctimas de Barcelona y Cambrils

La reforma también permitirá acceder al nuevo mecanismo de equiparación a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

En estos ataques, la muerte de los autores materiales impidió que la sentencia penal fijara indemnizaciones por responsabilidad civil para las víctimas, a diferencia de lo ocurrido con las afectadas por el atentado de Alcanar, perpetrado en los mismos días.

Interior considera que la modificación permitirá corregir esta diferencia y mejorar la protección económica de las personas fallecidas y de quienes sufrieron lesiones incapacitantes en los atentados de Barcelona y Cambrils.

Las pensiones extraordinarias subirán alrededor de un 35%

El real decreto-ley incluye además una revalorización de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Hasta ahora, la cuantía mínima de estas prestaciones estaba fijada en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que lleva años sin revalorizarse.

Con la reforma, el mínimo pasará a equivaler a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento. Interior estima que el cambio supondrá un incremento de alrededor del 35% y permitirá que las pensiones se actualicen en el futuro conforme evolucione el SMI.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que la modificación responde a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas y busca garantizar una protección económica más homogénea, evitando que la reparación dependa de que los atentados hayan podido esclarecerse judicialmente.