El Supremo archiva las denuncias de Vox y Manos Limpias contra Sánchez
Imagen de archivo (23/09/2026) de la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos. EFE/ Reduan.
El Tribunal Supremo ha archivado la querella de Vox y tres denuncias formuladas por Manos Limpias y dos particulares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del Ejecutivo por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. La Sala de lo Penal no encuentra indicios suficientes para atribuirles, por ahora, responsabilidades penales concretas.
El auto, no obstante deja abierta la posibilidad de actuar contra Sánchez o cualquiera de los ministros si la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón logra identificar decisiones u omisiones personalmente atribuibles a alguno de ellos. La magistrada tendría que elevar entonces una exposición razonada al Supremo.
La resolución, de la que es ponente la magistrada Carmen Lamela, acuerda el archivo «al no disponer de elementos suficientes que justifiquen dirigir ahora un procedimiento contra las personas querelladas y denunciadas».
Los escritos se dirigían contra el presidente y, con distinto alcance, contra el conjunto del Ejecutivo, especialmente a Interior, Defensa y Sanidad.
Les atribuían, entre otros delitos, prevaricación, dejación de funciones, encubrimiento, colaboración con el terrorismo y homicidios y lesiones imprudentes. La Fiscalía había solicitado el archivo.
Los magistrados reprochan a los denunciantes la falta de una relación individualizada entre los hechos y la conducta de cada aforado. La posición jerárquica, sostiene el tribunal, no basta para abrir una causa penal. "El conocimiento de una situación de riesgo y su posición jerárquica no permiten sin más atribuir a su conducta relevancia penal", subraya.
La Sala reconoce, sin embargo, la relevancia de los avisos previos, las comunicaciones con Presidencia del Gobierno, la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las denuncias sobre la insuficiencia del dispositivo de seguridad. Para evaluar su posible trascendencia penal, exige esclarecer el contenido de las alertas, sus destinatarios reales y las respuestas adoptadas tras recibirlas.
"Información relevante" "Se precisa determinar quién dispuso de la información relevante, qué decisiones adoptó, qué medios estuvieron efectivamente a su alcance y qué intervención tuvo en el desarrollo de los acontecimientos", señala el auto. Los magistrados citan además la identidad, todavía por esclarecer, del mando que ordenó abrir la puerta del patio de recepción del Tarajal.
Las acusaciones se apoyaban en el procedimiento de Tardón, especialmente en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y en declaraciones incorporadas a esa causa. Manos Limpias había pedido que se remitieran las actuaciones al Supremo porque consideraba que existían indicios contra Sánchez y los titulares de Interior y Defensa.
La Sala rechaza esa pretensión y también la posibilidad de abrir una investigación paralela. Considera que las diligencias de la Audiencia Nacional deben continuar para averiguar quién intervino en los hechos y con qué responsabilidad. Si aparecen indicios individualizados contra un aforado, la jueza podrá plantear al Supremo su eventual investigación, previo informe del Ministerio Fiscal.
La reconstrucción sigue centrada en los avisos y decisiones anteriores a la avalancha. El CNI comunicó el 29 de julio al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta una convocatoria de entrada por mar y por la valla para el día siguiente. La instrucción trata de determinar hasta dónde circularon esas advertencias.
Precisamente, el 27 de octubre Tardón reclamó al Consejo de Ministros la desclasificación de nuevas notas del CNI y la identificación de sus destinatarios, con fechas y horas de recepción. También pidió autorización para interrogar a dos agentes de inteligencia que mantuvieron contactos con responsables operativos antes de la entrada masiva.
El Supremo examina también las acusaciones de encubrimiento e infidelidad en la custodia de documentos, relacionadas con una publicación retirada de la web del Departamento de Seguridad Nacional, el cese de una responsable de comunicación y las divergencias en versiones públicas. Los denunciantes, argumenta, no precisan quién decidió esas actuaciones ni qué sucedió con la documentación.
Delitos de traición La Sala señala, además, que una de las denuncias invoca delitos de traición o contra la seguridad del Estado vinculados al ejercicio de funciones gubernamentales. Para proceder por esas conductas, la Constitución exige la iniciativa de una cuarta parte del Congreso y el respaldo de su mayoría absoluta, requisitos cuyo cumplimiento no consta.
Tampoco aprecia indicios suficientes para relacionar personalmente a los aforados con la colaboración terrorista denunciada a partir de una posible actuación coordinada y de la presunta participación de agentes marroquíes. En cuanto a las muertes y lesiones, reclama concretar los deberes de cada autoridad, su capacidad efectiva de actuación y la relación causal de sus decisiones con los resultados.