Diario de León

El Supremo da dos días para acreditar la seguridad de los 61.603 lectores del DNI digital

Iustitia Europa cuestionado las garantías del sistema de identificación electrónico del 29N.El Alto Tribunal ha requerido al Ministerio del Interior que certifique los terminales contratados

Un lector del DNI digital.

Un lector del DNI digital.Efe

Publicado por
Javier Arias Lomo
Madrid

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El Tribunal Supremo ha dado dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos que se utilizarán para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha requerido al Ministerio del Interior que certifique si los terminales contratados para permitir la identificación de los votantes mediante la aplicación MiDNI han superado los controles de seguridad exigidos por la normativa y, en caso afirmativo, que aporte la documentación técnica que demuestre que esas comprobaciones se han realizado.

La decisión se produce en el marco del procedimiento iniciado a raíz del recurso presentado por Iustitia Europa contra la utilización del DNI digital en los próximos comicios. La formación, presidida por el abogado Luis María Pardo, ha cuestionado las garantías del sistema de identificación electoral y ha reclamado que se comprueben las condiciones de seguridad de los aparatos que se instalarán en los colegios electorales.

En concreto, la providencia —a la que ha tenido acceso este periódico-, requiere a la directora general de Política Interior para que certifique, bajo su responsabilidad, si los 61.603 terminales han sido sometidos a los controles previstos en el artículo que regula el Esquema Nacional de Seguridad. El plazo establecido por el Supremo es de dos días desde la notificación de la resolución, lo que obliga al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a responder con apenas doce días de margen respecto a la celebración de las elecciones.

El requerimiento no se limita a pedir una declaración formal de que los dispositivos cumplen las condiciones exigidas. El tribunal reclama también las pruebas documentales que permitan verificar los controles efectuados. De esta manera, Interior tendrá que aportar elementos que respalden técnicamente su respuesta y permitan conocer qué comprobaciones se han llevado a cabo sobre los equipos destinados a las mesas electorales.

La cuestión que examina el Supremo afecta a una distinción fundamental en el funcionamiento del DNI digital: la seguridad de la aplicación MiDNI no equivale necesariamente a la seguridad de los dispositivos que se utilizan para verificar los códigos QR generados por ella. Aunque la aplicación incorpora mecanismos de autenticación, las garantías del proceso dependen también de los terminales que reciben y comprueban esa información. Es precisamente sobre estos últimos donde se han centrado las dudas planteadas por Iustitia Europa.

El nuevo requerimiento judicial obliga ahora al Gobierno a pronunciarse sobre esas garantías. En particular, el Supremo pregunta si los controles se han efectuado después de la formalización del contrato de suministro en régimen de alquiler de los terminales. Por tanto, no basta con acreditar que el fabricante ofrece determinadas prestaciones de seguridad o que el modelo comercializado dispone de unas características concretas. Interior deberá aclarar qué verificaciones se han realizado sobre los equipos contratados para este proceso electoral.

El origen de la controversia está en el contrato de emergencia adjudicado por el Gobierno para desplegar el sistema de lectura del DNI digital en las mesas electorales. La operación, por un importe de 7.000.455 euros, fue encargada a Telefónica Defensa y Seguridad y contempla el alquiler de 61.603 terminales para hacer posible la identificación de los ciudadanos mediante códigos QR.

Iustitia Europa ha incorporado estas cuestiones a su batalla judicial y ha aprovechado el requerimiento del Supremo para solicitar una ampliación de la documentación que debe entregar el Ejecutivo. La formación ha presentado este mismo martes un nuevo escrito en el que reclama que se incorpore al procedimiento el expediente íntegro de contratación de emergencia, incluidos el acuerdo de adjudicación, el contrato y todos los documentos técnicos relacionados con el suministro.

Entre sus peticiones figura también la identificación de los fabricantes y suministradores efectivos de los terminales, así como la marca, el modelo, el sistema operativo y las características técnicas de seguridad de cada dispositivo. La formación considera especialmente relevante conocer si los aparatos que han sido sometidos a las pruebas de seguridad son exactamente los mismos que terminarán instalándose en las mesas electorales.

En este sentido, solicita que se identifiquen los lotes y terminales concretos examinados, las pruebas practicadas y los resultados obtenidos. También reclama información sobre el tratamiento de los datos personales durante el proceso de verificación, su posible transmisión o almacenamiento y las medidas de protección previstas para evitar accesos no autorizados.

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