El 83,6% de los vascos es contrario al incremento de las penas, según la Universidad del País Vasco

Un 83,6% de los ciudadanos vascos se muestra contrario a medidas como el cumplimiento íntegro de las condenas o la cadena perpetua, según un estudio realizado por la Universidad del País Vasco (UPV) que fue presentado ayer en Vitoria. El informe, titulado «Delincuencia y medidas penales: ¿Cómo afectan a la sociedad vasca?», se ha realizado en base a entrevistas personales a un total de 1.141 personas, que fueron realizadas en noviembre del 2002, antes de que el Gobierno del PP anunciara su intención de aprobar medidas para endurecer y hacer efectivo el cumplimiento íntegro de las penas. El director de la investigación, el profesor titular de Sociología de la UPV, Cesar Manzanos, señaló que en el estudio, en relación con el endurecimiento de las penas, se concluye que sólo un 5,7% de la población vasca considera necesaria la aplicación de otras penas más duras, como penas corporales como trabajos forzados, pena de muerte, destierro, etc. Respecto al endurecimiento de las penas de cárcel con medidas como el cumplimiento íntegro de las condenas o la cadena perpetua, se muestran conformes un 16,4% de la población, es decir, uno de cada seis ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, las dos terceras partes de los ciudadanos vascos ven necesario buscar alternativas a la cárcel (61,3%) y tan sólo un 4,7% cree que el actual sistema de ejecución penal fundamentado en la privación libertad funciona bien tal y como está. En este informe se analiza la visión sobre el papel que la cárcel cumple en la lucha contra el delito. Casi la mitad de la ciudadanía (44,3%) piensa que la prisión no sirve «para nada«» en la lucha contra el delito. Además, uno de cada cuatro, es decir para el 24,2% de la población, sirve más para los de fuera que para los reclusos, ya que consideran que cumple funciones de prevención general y disuasorias. Es decir, cree que sirve para que se respeten las leyes «por miedo a ser encarcelados, para inculcar en la sociedad la necesidad de respectar las leyes por miedo al castigo penal». El director de la investigación indicó que solamente una de cada cinco personas creen que la cárcel cumple las funciones de prevención especial para las que está formalmente destinada (22%). De ellos, un 13,6% considera que la cárcel sirve para escarmentar al delincuente y conseguir que no vuelva a delinquir, mientras que un 8,4% cree que sirve para resocializar y reeducar a quienes delinquen.