El Constitucional avalará la Ley de Partidos antes de que el Supremo decida si ilegaliza Batasuna

El Tribunal Supremo podrá estudiar si Batasuna incumple la Ley de Partidos Políticos sin albergar duda alguna acerca de la ortodoxia de esa norma. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará el próximo 11 de febrero el recurso que interpuso el Gobierno vasco en octubre de 2002 contra la citada ley de Partidos Políticos. En esa reunión, el presidente de la institución, Manuel Jiménez de Parga, ponente del recurso, expondrá a sus compañeros sus conclusiones acerca del encaje en la Carta Magna de la polémica norma o si, como sostienen los nacionalistas, va más allá y restringe derechos fundamentales como los de expresión, reunión y libertad ideológica. La decisión del órgano máximo intérprete de la Constitución supone un fuerte acelerón en la tramitación de este recurso que, si va acompañado de un pronunciamiento igual de veloz, permitirá a los jueces dejar a Batasuna fuera del juego político sin resquicios que alimenten dudas sobre el ajuste constitucional de esa proscripción antes de los comicios municipales de próximo 25 de mayo. No hay precedentes, en los más de 20 años de historia del Constitucional, de una tramitación tan rápida. No existen plazos, pero la lentitud que le caracteriza a la hora de abordar los recursos de inconstitucional fue vista por la propia Batasuna como la tabla de salvación que le permitiría concurrir a las elecciones. Por eso en el escrito, de alegaciones que sus abogados presentaron el 28 de noviembre en el Tribunal Supremo contra las demandas de ilegalización, la coalición pidió que el alto tribunal no resolviese hasta que el Constitucional decidiera si avala la Ley de Partidos. Por aquellas fechas, algunos magistrados mostraron su deseo de concluir el trabajo antes del verano de 2003, si bien reconocían que la «gran complejidad» del asunto podía retrasar sus previsiones. Antes de que esto suceda, el Constitucional tendrá que resolver la recusación que anunció el Gobierno vasco el pasado 28 de febrero contra Jiménez de Parga, enfrentado a los nacionalistas por sus declaraciones contrarias a la existencia en España de ''comunidades históricas''. El Ejecutivo anunció para «las próximas horas» la presentación formal del escrito, en el que solicitan que Jiménez de Parga sea apartado de este debate. Entienden, tal y como declaró el propio Imaz la semana pasada, que Jiménez de Parga «tiene ya formado un juicio sobre la adecuación de la Ley de Partidos a la Constitución y que, inclusive, no tiene empacho en hacer público». Es la segunda recusación del gabinete de Juan José Ibarretxe contra el presidente del Constitucional.