El Ejecutivo reforma la prisión preventiva sin atender a las críticas del CGPJ y de la Fiscalía

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma legal que permitirá a los jueces españoles encarcelar a los responsables de la pequeña delincuencia, que es la principal responsable del aumento de la sensación de inseguridad ciudadana. Sin atender a las voces críticas, sobre todo de la Fiscalía General del Estado, que alertaron de la posible ilegalidad de alguna de las medidas incluidas en la reforma aprobada, los pequeños delincuentes habituales o reincidentes, o los que estén integrados en organizaciones delictivas, así como los acusados de violencia doméstica, ingresarán en prisión de manera automática. El objetivo de la reforma es que un delincuente entre en prisión sin más trámite si es un «habitual» de los robos, hurtos, tirones o sustracción de carteras, por ejemplo, acciones que no conllevan penas mayores de tres años de reclusión y que, con la legislación actual, no acarrean la prisión preventiva aunque su autor acumule, en ocasiones, hasta más de cien detenciones por este motivo. Otra condición que conduce al ingreso automático en la cárcel es que el malhechor pertenezca a «una banda organizada», ya sea para alteraciones del orden público, tráfico de coches, de drogas, de seres humanos, proxenetismo, estafa o falsificaciones. Dos criterios más son el de la reincidencia, para evitar la comisión de nuevos delitos por aquellos imputados en una causa que no comparecen en el juicio, y para los acusados de violencia doméstica, tanto en los supuestos de agresiones y lesiones como en los de amenazas y coacciones. También se aplicará la prisión preventiva para los condenados por violencia doméstica que, una vez cumplida la pena, violen alguna medida cautelar, como el alejamiento de su víctima. Con su decisión, el Gobierno hace oídos sordos a las voces críticas que se han levantado contra la reforma legal. Por ejemplo, la de la mitad de los vocales del CGPJ, que entienden que el texto aprobado hoy no da opción a la valoración del juez y supone el ingreso automático en prisión. Consideran también que reducir el límite para el posible encarcelamiento a las penas con un máximo de dos años de cárcel es «excesivo» y creen que hay que concretar más los criterios de reincidencia y habitualidad que permiten el encarcelamiento inmediato. La Fiscalía General del Estado también apoyó el proyecto de reforma, pero planteó varias objeciones importantes al documento. Los fiscales recomendaron que se acoten los supuestos que permiten el ingreso en prisión preventiva, porque de la redacción actual se deduce que sería una medida automática, sin opción para el juez.