El presidente del «Atleti» asegura que recurrirá ante el Supremo y que mañana estará en el palco
«El domingo me sentaré en el palco del Calderón, porque el club sigue estando igual a no ser que entre otro administrador judicial y firmemos la pena de muerte del Atlético de Madrid», aseguró Jesús Gil tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional. El presidente rojiblanco continúa en su cargo y dijo estar «francamente muy tranquilo», aunque no ocultó su preocupación por el posible nombramiento «de otro Rubí», el administrador judicial que en diciembre de 1999 sustituyó a Gil cuando fue destituido por la justicia como máximo dirigente del Atlético. Gil compareció ante la prensa en la sede del Club Financiero Inmobiliario junto a su abogado, Horacio Oliva, con un semblante serio, pero sereno. La sentencia de la Audiencia no es firme y sigue siendo presidente del Atlético, a pesar de que deberá restituir al club, junto a Enrique Cerezo, el 95 por ciento de acciones que posee de la entidad. El Atlético continuará intervenido judicialmente, pero la familia Gil no pierde el control del club, salvo que en el futuro se nombrase un administrador judicial y se ordene que las 236.056 acciones deben salir a subasta pública. Es el gran temor de Gil, que advirtió del peligro que ello supondría para el Atlético. «Los que persiguen quitarme el club pueden volver a quitármelo, pero que tengan cuidado porque se lo van a cargar», avisó el presidente rojiblanco, convencido de que «el fiscal (Carlos Castresana) quiere cargarse el club, que baje a Segunda y que desaparezca». «¡Que no aprieten mucho más porque nos quedamos sin club!», suplicó el presidente atlético. Gil envió sin embargo un mensaje de optimismo a los aficionados del Atlético y prometió que seguirá «luchando por el club» y cumplirá sus compromisos con la entidad, «después de haber perdido 9.000 millones de pesetas cada uno de los dos años en Segunda División». «Tengo fe en Dios», sentenció el ex alcalde de Marbella, que tras el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo no se plantea la posibilidad de ingresar en prisión.