La Policía francesa se desmarca de la ofensiva de Garzón contra ETA

En una entrevista publicada ayer por Le Journal du Dimanche, Squarcini constata que «los magistrados españoles desearían que Francia adopte la misma actitud y ataque la parte pública, legal, del movimiento independentista radical». «Dicho con claridad, España querría prohibir Batasuna en Francia», expone. «Es una decisión que corresponde al Gobierno» de París, observa. «Pero no se puede hacer cualquier cosa y caer en el delito de opinión», objeta. El número dos de los RG, cuerpo encargado de la lucha contra ETA en Francia junto a la Policía Judicial, juzga que «la cooperación con España funciona muy bien». «Pero la presión de los magistrados en España ha desencadenado el traslado al lado francés de los intereses institucionales (partido, asociaciones...) «clonados» por el movimiento español», señala en alusión a la ofensiva del juez Baltasar Garzón. «ETA plantea un problema a la vez policial y político», opina Squarcini. «Trabajando sobre ETA militar en Francia, hemos hecho lo que teníamos que hacer y seguiremos haciéndolo, mucho más cuando amenazan a una magistrada», declara en referencia al plan de atentado descubierto contra la juez antiterrorista de París Laurence Le Vert, instructora de casi todos los sumarios incoados contra ETA en Francia. El alto mando policial alega que «nosotros respondemos judicialmente a las infracciones que están debidamente establecidas». Squarcini, de 47 años, es el adjunto y posible sucesor de Yves Bertrand, de 59, que desde 1992 se encuentra al frente de los servicios de información galos y sus 3.900 funcionarios. Las declaraciones coinciden con el caso omiso de la policía francesa a la orden internacional de busca y captura emitida a primeros de mes por Garzón contra el ciudadano francés Jean François Lefort, «Lof», portavoz de Askatasuna. En el auto, el juez de la Audiencia Nacional califica de fundamental su papel «ya que dota de una cobertura especial a la organización al ser dirigida desde territorio francés». Pese al mandato judicial, Lefort continúa su actividad pública en el País Vasco francés. El pasado viernes participó en un acto en Bayona en el que puso como ejemplo a Juan Mari Olano, ex-portavoz de Gestoras pro Amnistía encarcelado a la espera de su extradición, de las diferentes situaciones jurídicas a ambos lados de la frontera. Francia también ha hecho oídos sordos a las órdenes internacionales de Garzón, dictadas el pasado 11 de marzo, contra los dirigentes vascofranceses de Segi Haritza Galarraga, Yves Matxikote y Amaia Rekarte. Al ser ciudadanos de su país París no puede extraditarlos a España y tendrían que se juzgados por tribunales galos.