La Ertzaintza detiene a nueve jóvenes vinculados con la violencia callejera

Según fuentes jurídicas, los restos de sudor encontrados en las prendas de vestir arrojadas por los radicales en contenedores de basura después de cometer sus fechorías fueron determinantes a la hora de identificar a los autores de los ataques. Ocho de los arrestos fueron practicados en barrios de los alrededores de San Sebastián y el noveno en la localidad vizcaína de Ondarroa. Los detenidos están acusados de participar en los últimos años en diversas acciones de violencia callejera en distintos puntos de Guipúzcoa. En concreto, se les imputan sabotajes y ataques a diversas entidades bancarias, inmuebles, autobuses y vehículos particulares. Siete de los detenidos ya contaban con antecedentes policiales por participar en actos de kale borroka. Es más, uno de ellos incluso consiguió eludir el año pasado la acción policial al huir de un operativo desarrollado por la Guardia Civil contra el terrorismo urbano. En el transcurso de la operación, la Ertzaintza practicó nueve registros en domicilios e incautó abundante documentación y material informático. La policía vasca no quiso facilitar la identidad de los arrestados. Aunque sí lo hizo el grupo de apoyo a los presos Azkatasuna, que confirmó que el detenido en Ondarroa es el joven de 21 años Arkaitz Alcorta. En San Sebastián fue detenido en su puesto de trabajo Juan María Sagarzazu. En el barrio donostiarra de Gros, fue arrestada una tercera persona apellidada Ayestarán Legarra. Las identidades del resto de los detenidos corresponderían a Aitziber Valderrama, Mikel Urretxu, Albar Fernández y los menores de edad A.F., M.A., y A.V. Examen médico Ante la «campaña de falsas acusaciones de malos tratos y torturas» que realizan los detenidos, el departamento de Interior del Gobierno vasco decidió poner en marcha un dispositivo para garantizar los derechos de los arrestados. En virtud de ese operativo, habrá contactos telefónicos periódicos con los familiares de los nueve detenidos para informarles sobre su estado de salud. Asimismo, el departamento que dirige Javier Balza informó de que aplicará de forma «rigurosa» las previsiones legislativas referidas a menores, al objeto de «proteger sus derechos». Como muestra de esta determinación, nada más ser detenidos, se determinó que los jóvenes fueran trasladados a un centro sanitario para ser sometidos a un reconocimiento médico previo a su incomunicación. Además, la Ertzaintza ha solicitado al juez una «mayor frecuencia» en la realización de los exámenes forenses durante el tiempo de la detención.