El CGPJ propone suspender dos años a la juez que presionó para obtener el tercer grado para Conde

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió este miércoles proponer al Pleno de este órgano suspender por dos años de sus funciones a la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid, María del Prado Torrecilla, acusada por dos de sus compañeros de haberles presionado para que concedieran el tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde. Tres de los cinco miembros de la comisión (Félix Pantoja, Agustín Azparren y Fernando Salinas) consideraron que la magistrado penitenciaria cometió una falta muy grave al coaccionar a sus colegas, tal y como recoge el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que castiga «la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado». Los otros dos miembros de la comisión disciplinaria (Enrique López y Carlos Ríos), pese a reconocer la gravedad de los hechos, sostuvieron que apartar a Del Prado dos años de la carrera judicial, pena propuesta también por el instructor del expediente, Eduardo Calvo, es un castigo «excesivo». En cualquier caso, los cinco magistrados, tras escuchar a las partes, dan por buena la versión de los dos jueces madrileños de Vigilancia Penitenciaria 1 y 3 que denunciaron a Del Prado ante el CGPJ. Fue precisamente la titular del juzgado número 1, Reyes Jimeno, la que el pasado nueve de diciembre denegó este permiso a Mario Conde, condenado a 18 años de cárcel por diversos delitos económicos cometidos en la gestión de Banesto. Los dos magistrados, junto con una secretaria judicial, denunciaron además que Del Prado Torrecilla presionó, incluso, al director de la cárcel de Alcalá Meco, donde está interno el ex banquero, para que remitiese a la juzgado un informe favorable a las aspiraciones del condenado. Según los demandantes, la juez bajo sospecha, que ya concedió el tercer grado a Conde en una condena anterior, llegó a visitar al recluso en la cárcel en dos ocasiones durante el pasado diciembre, pese a que el ex directivo de Banesto no se encuentra ya bajo su jurisdicción. A mediados del pasado enero, el CGPJ, a petición de la Fiscalía, suspendió de manera cautelar en sus funciones a Del Prado, en tanto investigaba las denuncias de sus colegas.