Cardenal cita a fiscales vascos para evitar fraudes

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se reunirá el próximo día 31 en Madrid con fiscales del País Vasco y Navarra para coordinar la actuación del Ministerio Público en relación a las elecciones municipales, forales y autonómicas del 25 de mayo, y en concreto para evitar que la ilegalizada Batasuna pretenda sortear la decisión del Tribunal Supremo presentándose con otras siglas. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Europa Press que la reunión ha sido promovida desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que dirige Fernando Herrero-Tejedor, y que estará presidida por Cardenal. Asimismo, asistirán el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón; fiscales del Tribunal Supremo expertos en materia electoral; y los fiscales del País Vasco y Navarra especializados en esos territorios en contenciosos electorales. El objetivo es coordinar la actuación de la Fiscalía ante las elecciones del 25 de mayo, y al mismo tiempo coordinar las medidas para evitar, como exige la Ley, que la ilegalizada Batasuna trate de defraudar la normativa y presentarse a los comicios con otras siglas. Contra Batasuna En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Partidos Políticos señala que «los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». Así, corresponderá a la ''Sala del 61'' del Supremo, «previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto». Para determinar la conexión entre ambas formaciones se tendrá en cuenta «la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran». También se valorará «la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización o disolución».